Valle Grande estalló tras la salida de imputados y hubo corridas, gritos y tiros

La tarde de este viernes se volvió un verdadero polvorín en Valle Grande, donde una protesta por la liberación de imputados terminó en disturbios, intervención policial y detonaciones que sembraron miedo entre los vecinos. Todo se desató después de la resolución de la jueza Mabel Moya, que ordenó liberar a varios de los acusados en la causa por la muerte de Emir Barboza, el nene de 8 años que murió hace casi seis meses en medio de una violenta gresca en el mismo barrio. La bronca se sintió fuerte desde temprano y el clima se fue poniendo cada vez más pesado. En cuestión de minutos, la situación se desmadró.

Tras conocerse el fallo, familiares del chico cortaron la calle 5 en señal de protesta y eso encendió todavía más el conflicto. La Policía llegó para intentar despejar la zona, pero el operativo terminó con enfrentamientos y momentos de mucha confusión. En medio de ese escenario, se escucharon disparos que, según los primeros datos, habrían sido efectuados por los uniformados para dispersar a la gente. El miedo se metió en cada rincón del barrio y varios vecinos se resguardaron como pudieron.

En diálogo con TELESOL DIARIO, el fiscal Francisco Nicolía explicó que la audiencia se hizo por el vencimiento de las prisiones preventivas de siete de los ocho detenidos. "Pedí la extensión de la preventiva, teniendo en cuenta la pena en expectativa, los distintos testimonios que ubican a estas personas efectuando disparos y la calificación en calidad de coautores. Entendemos que actuaron de manera conjunta", sostuvo. Sin embargo, la magistrada resolvió una medida más flexible: Dante Carrizo, Hernán Carrizo y Gonzalo Santander seguirán detenidos, pero con prisión domiciliaria por seis meses, mientras que otros cuatro recuperaron la libertad con restricciones estrictas. Entre ellas figuran la prohibición de salir de la provincia, las presentaciones periódicas en comisaría y la imposibilidad de acercarse a la familia de la víctima.

Para la fiscalía, el punto más delicado pasa por el riesgo procesal que implica que los acusados sigan en libertad mientras la causa avanza. "Existe una peligrosidad procesal concreta, porque podrían influir en testigos o entorpecer la causa", advirtió Nicolía. También cuestionó el beneficio de la domiciliaria al señalar que la coautoría estaría acreditada. "Todos tuvieron dominio del hecho, participaron de la agresión utilizando armas de fuego con capacidad letal", remarcó. Mientras tanto, siguen adelante peritajes clave, entre ellos los estudios genéticos sobre las armas secuestradas en los allanamientos. "Estamos a la espera de determinar si esos rastros corresponden a alguno de los imputados", agregó. En un barrio atravesado por el dolor y la bronca, la causa por Emir sigue marcando el pulso de una comunidad que exige justicia y teme que todo vuelva a repetirse.