Muerte de Francisco Márquez: la Corte Suprema evalúa el caso y puede abrir una nueva etapa judicial

A tres años de la muerte de Francisco "Titi" Márquez, el dolor sigue intacto en su familia y la bronca también. Ahora, el expediente dio un paso clave y quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algo inédito para un siniestro vial en San Juan y en el país. El caso ya fue admitido y se encuentra bajo estudio, con la expectativa de que pueda marcar un antes y un después. Para los allegados, no se trata solo de una causa judicial: también es una pelea por derechos que, aseguran, no fueron respetados.

El hecho ocurrió el 8 de abril de 2023, de madrugada, sobre Ruta 60, a la altura del Camping El Pinar. Francisco iba en moto de oeste a este cuando fue embestido por un Fiat Uno conducido por Gonzalo Nicolás Castro, que circulaba a unos 130 km/h en una zona donde la máxima permitida era de 60 km/h. La causa terminó en un juicio abreviado y la condena fue de tres años de prisión condicional y nueve años de inhabilitación para conducir, bajo la figura de homicidio culposo agravado. La pena, además, quedó en el mínimo previsto por la escala legal.

El abogado querellante, Néstor "Roly" Olivera, que trabaja junto al Dr. Marcelo Sández Luján, explicó que el planteo ante la Corte no busca reabrir la discusión sobre las pruebas, sino cuestionar el fondo jurídico de lo resuelto. "Es el primer caso en el país que se presenta para estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación un juicio abreviado por accidente de tránsito. Nosotros lo llevamos porque entendemos que se violaron derechos consagrados constitucional y convencionalmente por los tratados internacionales, derechos de las víctimas", señaló. También remarcó que, según su postura, la víctima no puede quedar afuera de una decisión de este tipo ni recibir una pena que, para la querella, no refleja la gravedad del hecho.

Si la Corte hace lugar al pedido, la condena contra Castro quedaría sin efecto y la causa volvería a foja cero. Eso abriría la puerta a un juicio oral, con participación plena de las partes. Olivera sostuvo que, más allá de lo que ocurra, el impacto puede ser fuerte en la justicia provincial porque este antecedente podría tomarse como jurisprudencia en futuras causas. "El caso está aceptado, es decir, ya está en estudio. Y es el primero, puede marcar un precedente sobre juicios abreviados y la participación de las víctimas, que hoy no pueden oponerse al acuerdo entre el fiscal y la defensa del acusado", afirmó. La familia, mientras tanto, sigue firme y no descarta llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si fuera necesario.