No tiene glaciares, pero llevó el caso a la Justicia

El gobierno de La Pampa movió ficha y presentó un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa. La jugada llegó de la mano de la provincia, la Universidad Nacional de La Pampa y las ONGs Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos, en medio de una pelea que viene de larga data y que, otra vez, tiene al agua en el centro de la escena.

El gobernador Sergio Ziliotto fue claro al marcar que "La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial". Y agregó, con preocupación, que "también los otros dos —ríos— ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua".

Desde la provincia sostienen que la norma "lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales". En esa línea, Ziliotto remarcó que "esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente".

La presentación fue impulsada a través de la fiscalía estatal, con Romina Schmidt y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y busca que la ley no se aplique hasta que se defina si es constitucional o no. "Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación", reforzó el mandatario, que además subrayó que "va mucho más allá de la representatividad que tenemos quienes hemos firmado esta acción: estamos defendiéndonos a todos y a cada uno de los pampeanos".

Por su parte, Schmidt advirtió que "el daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real, porque en el momento en el que no llegue más agua de calidad y cantidad en el río Colorado, van a sufrirlo todos los habitantes".

En La Pampa insisten en que la pelea por el agua no es nueva. De hecho, arrastra más de 50 años de litigio con Mendoza por el Atuel, mientras siguen reclamando que se cumpla un fallo que obliga a garantizar un caudal mínimo. Para la provincia, el problema es concreto: lo que se modifica aguas arriba termina golpeando de lleno aguas abajo, con impacto directo en el riego, la agricultura y la vida humana.