Un médico quedó a un paso del juicio por un supuesto cobro indebido en un hospital público
La fiscalía lo acusa de haber pedido $250.000 por una cirugía que, en un hospital estatal, debía ser gratuita. La causa avanzó y ahora será el turno del juicio.
La causa contra un médico de San Juan dio un paso fuerte este miércoles y quedó muy cerca de ir a juicio. En una audiencia clave, la fiscalía presentó la acusación formal y expuso las pruebas que reunió durante la investigación. El profesional está imputado por presunta estafa y por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. El caso generó ruido desde el arranque por lo delicado de la maniobra que se investiga.
Según la reconstrucción oficial, el médico habría pedido $250.000 a un paciente para concretar una cirugía en un hospital público, donde esa práctica debía ser gratuita. El fiscal Nicolás Schiattino sostuvo que el cobro se habría planteado como condición para avanzar con la operación, aprovechando la urgencia del hombre. La acusación también señala que el argumento usado fue la supuesta falta de insumos.
Otro punto central de la pesquisa es el recorrido del dinero. De acuerdo con la fiscalía, el pago se habría hecho a través de una billetera virtual, desde la cuenta del paciente hacia una cuenta personal del imputado. Para los investigadores, ese dato pesa mucho porque en el sistema público los profesionales no pueden cobrar honorarios de manera directa por este tipo de intervenciones. Ahí es donde la causa toma todavía más temperatura.
El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada en marzo de 2025 por la pareja del paciente, quien murió días después de la cirugía. Siempre según la acusación, el hombre había sufrido una lesión en el tendón de Aquiles mientras jugaba al fútbol y fue atendido por el médico ahora investigado. El profesional habría indicado la necesidad de operar y, antes de la intervención en un hospital público, habría enviado un mensaje pidiendo el pago. La operación se hizo, el paciente recibió el alta al día siguiente y luego falleció mientras era trasladado a otro centro de salud.
Con esta etapa procesal ya cerrada, la causa quedó lista para avanzar hacia el juicio, donde se analizarán las pruebas y se definirá si el imputado tiene responsabilidad penal. En ese marco, la fiscalía pidió una pena de tres años de prisión condicional y la inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos. Ahora será la Justicia la que tenga la última palabra en un expediente que dejó más de una ceja levantada.
