El oficialismo juntó los votos y fue al recinto por la reforma de la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados abrió la sesión a las 15.13 con el oficialismo decidido a empujar la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que llegó al recinto por pedido de mandatarios de provincias cordilleranas. Con 129 diputados sentados en sus bancas, el debate quedó formalmente en marcha y desde el arranque se palpó que la jornada iba a ser larga. En Labor Parlamentaria ya habían anticipado un maratón legislativo de entre 11 y 12 horas, con más de 60 oradores y votación prevista para la madrugada.

El temario no se agota en Glaciares. También habrá tres tandas de cuestiones de privilegio, homenajes y apartamientos de reglamento, un terreno que la oposición quiere aprovechar para incomodar a La Libertad Avanza con temas bien ásperos. Afuera del Congreso, organizaciones ambientalistas y espacios políticos que rechazan la reforma, entre ellos La Cámpora, convocaron a una marcha luego de la audiencia pública en la que expuso apenas una mínima parte de los más de 100 mil inscriptos. Desde distintas ONG y particulares ya adelantaron que, si la ley se aprueba, irán a la Justicia.

La sesión especial también marca la primera vez que el recinto se abre desde el inicio del período ordinario, el pasado 1ro. de marzo. Aunque el proyecto sobre glaciares es el único expediente a tratar, la oposición prepara munición para apuntar contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que quedó bajo la lupa por las investigaciones sobre sus viajes y su patrimonio. En ese marco habrá cuestiones de privilegio, aunque los bloques más duros no tendrían número para emplazar comisiones y empujar una eventual interpelación. Sí buscarán, en cambio, juntar apoyo para tratar un proyecto sobre la postura argentina frente a la guerra en Medio Oriente.

Ese texto, firmado por diputados de Unión por la Patria y encabezado por Juan Marino, cuestiona declaraciones y decisiones del Poder Ejecutivo que, según advierten, comprometen la política exterior histórica del país y avanzan sobre facultades del Congreso. La iniciativa sostiene que la Argentina no reconoce enemigos en ninguno de los bandos en disputa y reivindica una posición de prescindencia activa, alineada con la tradición diplomática nacional, la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas. También remarca el compromiso con la resolución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional.

La reforma de la Ley 26.639 llegó al recinto un día después de obtener dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde solo expusieron funcionarios nacionales y provinciales del área minera que respaldan el proyecto. El dictamen de mayoría reunió 37 firmas, aportadas por LLA, Pro, UCR y bloques provinciales. En paralelo, hubo otros tres despachos: uno de Unión por la Patria, otro de Provincias Unidas y uno firmado por Maximiliano Ferraro, de la CC. Con media sanción en mano, el texto redefine el artículo 1° para precisar qué glaciares y geoformas del ambiente periglacial quedan protegidos, siempre que cumplan funciones hídricas.

El oficialismo confía en sacar la cuenta con una base de entre 130 y 135 votos, aunque algunos ya hablan de un piso que podría trepar a 140. Para eso apuesta a sus aliados del Pro, la UCR, el MID y varios bloques provinciales, entre ellos Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, donde responden legisladores ligados a los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego. También podrían sumarse algunos apoyos desde Provincias Unidas y hasta desde el propio bloque de Unión por la Patria, como ya pasó en el Senado.

La reforma fue redactada por el Consejo de Mayo y le da más peso a las provincias en la definición de qué queda protegido y qué no. Incorpora el principio precautorio: todo glaciar o geoforma del Inventario Nacional de Glaciares se considerará resguardado hasta que la autoridad ambiental competente verifique que no cumple funciones hídricas. Esa verificación quedará en manos de cada provincia, que deberá enviar la información al IANIGLA para actualizar el inventario. El texto mantiene prohibidas la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y las obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica, y exige evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en esas zonas.