San Juan salió a bancar cambios en la ley de glaciares y pidió una protección más precisa

En una reunión conjunta de las comisiones de Medio Ambiente y Asuntos Constitucionales, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió a defender la necesidad de retocar la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares. Con un discurso apoyado en la evidencia científica y en el federalismo, planteó que la provincia no quiere aflojar en la protección del agua, sino dejar bien en claro qué es lo que la norma debe cuidar. La frase que dejó flotando fue contundente: se trata de proteger mejor, no de proteger menos.

Perea puso el foco en el agua como eje de todo y recordó que San Juan es una provincia que vive de ese recurso. En esa línea, remarcó que la gestión provincial destinó más de veintidós mil millones de pesos a infraestructura para comunidades mineras, con seis mil millones volcados a obras hídricas como el Acueducto El Tambillo y la red de agua potable de Jáchal. Para el ministro, eso demuestra que la minería también devuelve beneficios concretos al territorio, sobre todo en forma de agua para la gente.

El punto más sensible del debate estuvo en la diferencia entre los glaciares y el ambiente periglacial. El funcionario aclaró que la protección de los glaciares descubiertos, cubiertos, neveros y manchones de nieve no está en discusión, porque su aporte hídrico es total. La discusión, dijo, pasa por los glaciares de escombros, donde citó datos del geofísico Silvio Pastore: en la cuenca del río San Juan hay 3.227 de esas formaciones y, aun en un escenario extremo de calentamiento global, si entregaran toda su agua en 75 años, apenas aportarían el 1,65% del caudal del río. "No estamos hablando de la reserva de agua de la que depende San Juan. Estamos hablando de una fracción mínima del caudal, que debe ser evaluada caso por caso con rigor científico", sostuvo.

También defendió la postura sanjuanina desde el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Según explicó, la reforma no borra el principio precautorio: todo glaciar sigue considerado protegido hasta que estudios científicos demuestren que no cumple funciones hídricas. Además, destacó la Ley Provincial 1076-L y el sistema de evaluación ambiental de cinco filtros que aplica la provincia, con tiempos que bajaron de 180 a 30 días sin perder rigor técnico. Como ejemplo, mencionó la evaluación del proyecto Josemaría en 50 días hábiles. Para cerrar, advirtió que la ley actual, después de 15 años, dejó demasiadas zonas grises y generó inseguridad jurídica. La propuesta, insistió, busca una norma que funcione de verdad, con ciencia, federalismo y responsabilidad.