El Gobierno prepara cambios fuertes en la Ley de Salud Mental
Manuel Adorni confirmó que enviarán un proyecto para actualizar la norma vigente. La iniciativa apunta a ordenar criterios, acelerar respuestas y reforzar la red de atención.
El Gobierno mandará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X. Desde el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, explicaron que la idea es actualizar la norma sancionada en 2010. El objetivo, aseguran, es mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones delicadas y de urgencia.
En la Casa Rosada sostienen que el texto busca proteger tanto a los pacientes como a terceros frente a casos que hoy, según plantean, no encuentran un encuadre claro. También remarcan que quieren dejar más precisos algunos conceptos y criterios que, en la práctica diaria, generan trabas y demoras. Para eso, dijeron, se escucharon testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y también de sectores judiciales y legislativos.
Uno de los puntos que más llaman la atención es que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual. A eso se suma otro dato que expone la tensión del sistema: apenas existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental. Desde el oficialismo consideran que el término "padecimiento mental" es demasiado amplio y ambiguo, y que eso complica diagnósticos e intervenciones a tiempo.
Por eso, el proyecto propone tomar como referencia la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y las sucesivas), incorporando la noción de trastornos mentales o del comportamiento. Además, se reemplazaría el criterio actual por el de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", con la intención de habilitar respuestas más rápidas y preventivas. La internación seguiría siendo un recurso excepcional, aunque necesario, y los psiquiatras podrían indicar una internación involuntaria, luego ratificada por un equipo interdisciplinario.
Otro cambio importante es que el plazo de notificación judicial pasaría de 10 a 24 horas. En los casos de internación voluntaria, si el paciente pide el alta, se evaluará si conserva capacidad para decidir; si esa capacidad está afectada, la situación podría transformarse en involuntaria y comunicarse a la Justicia. Además, el proyecto apunta a fortalecer la red de atención con hospitales especializados y a ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, sumando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.
