El Gobierno dejó afuera a periodistas y desató una fuerte polémica por supuesta trama rusa

En la Casa Rosada se vivió una mañana de alta tensión después de que varios periodistas acreditados no pudieran ingresar por la desactivación de sus huellas digitales. La medida alcanzó a trabajadores de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape, en medio de una fuerte controversia política. Desde el Gobierno justificaron la decisión con una supuesta investigación sobre una campaña armada desde Rusia para dañar a Javier Milei.

El caso quedó atado a una publicación de Open Democracy, replicada en Argentina por Chequeado, que mencionó columnas publicadas en 2024 y habló de pagos por 283 mil dólares en 23 medios. Sin embargo, la propia investigación aclaró que no pudo verificar si hubo pagos ni a quién se habrían hecho. Encima, la editora Diana Cariboni admitió que no existen pruebas concluyentes, un dato que alimentó aún más las dudas sobre la maniobra oficial.

La bronca creció porque en la misma lista aparecían también Infobae y El Cronista, pero esos medios no fueron alcanzados por la medida y conservaron sus acreditaciones. Esa diferencia, hasta ahora, no tuvo una explicación oficial y dejó abierta una contradicción que hizo ruido en el ambiente periodístico. Mientras tanto, el Gobierno quedó bajo la lupa por usar una denuncia todavía no probada para correr del medio a voces incómodas en la cobertura diaria.

La reacción no tardó en llegar. Liliana Franco, histórica acreditada de Ámbito, cuestionó con dureza la decisión y recordó que nunca tuvo vínculo alguno con Rusia. También se sumaron críticas por el momento elegido, ya que la medida apareció justo cuando Manuel Adorni venía de pasar un mal rato en conferencia, con preguntas incómodas sobre su patrimonio y otros temas calientes de la agenda oficial. En ese clima, la decisión oficial terminó pareciendo más una jugada para cerrar filas que una respuesta sólida ante una investigación todavía sin pruebas firmes.