Buscan frenar tasas municipales sin servicio real y ponerles un tope legal

Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza, con la diputada Patricia Vásquez a la cabeza, metió en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca ponerle un freno bien claro al poder de cobro de los municipios. La idea es que las tasas locales solo sean válidas si existe una prestación estatal concreta, efectiva, individualizada y razonablemente proporcional al monto que se exige. En criollo: si no hay servicio real, no debería haber cobro.

El texto apunta directo contra las tasas que, según sus autores, terminan funcionando como impuestos encubiertos o como una manera de recaudar sin brindar una contraprestación verificable. Por eso propone fijar por ley un régimen de validez constitucional para todo el país, siguiendo la línea marcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También establece que el municipio deberá demostrar en sede administrativa o judicial que efectivamente prestó el servicio, que ese servicio fue individualizado y cuál fue su costo.

Entre los puntos más fuertes, el proyecto sostiene que una tasa solo puede cobrarse cuando el hecho imponible sea la prestación efectiva de un servicio público que beneficie de forma directa al contribuyente o a un bien determinado. Además, advierte que cuando el cobro no cumple con esos requisitos puede afectar de manera ilegítima el derecho de propiedad e incluso tener carácter confiscatorio. En esos casos, la iniciativa habilita la nulidad de las ordenanzas y el reclamo para recuperar lo pagado de más.

Los fundamentos se apoyan en fallos recientes del máximo tribunal, como Gasnor contra la Municipalidad de La Banda, Compañía Química contra una comuna bonaerense y la declaración de inconstitucionalidad de la llamada ecotasa en 2024. Para los firmantes, esos antecedentes dejaron en claro que no alcanza con ponerle nombre de tasa a un cobro: tiene que haber una contraprestación concreta, efectiva e individualizada. La propuesta, además, invita a provincias y municipios a adherir al régimen, aunque aclara que no busca borrar la autonomía local, sino marcar límites para evitar abusos y darles más seguridad jurídica a vecinos, empresas y contribuyentes.