Cuyo siente el golpe: menos plata y más paros en el Estado

La región de Cuyo cerró el primer trimestre de 2026 con un escenario bien complicado: menos recursos y más bronca en el sector público. De acuerdo con el informe de abril del CEPA, la baja en la recaudación terminó pegando de lleno en la conflictividad laboral. En San Juan, Mendoza y San Luis, los paros y los reclamos volvieron a ganarle terreno a las mesas de diálogo. Y mientras los ingresos se achican, sostener salud, educación y seguridad se vuelve cada vez más cuesta arriba.

El problema de fondo es claro: en marzo de 2026, las transferencias de Recursos de Origen Nacional cayeron en términos reales en las tres provincias. San Juan anotó una baja del 5,9%, Mendoza del 5,6% y San Luis del 5,0%. A nivel país, la Coparticipación Federal de Impuestos retrocedió un 8,0% en el promedio trimestral, empujada por la caída del consumo y la actividad económica. En San Juan, casi el 70% de los ingresos depende de esos fondos, así que cuando la caja se aprieta, el impacto se siente enseguida en salarios y servicios esenciales.

En territorio sanjuanino, el informe marca cuatro focos de tensión bien marcados: educación, empleo público, salud y policía. En el área sanitaria, los médicos ya convocaron a paros generales por el deterioro del sistema. En seguridad, también hay ruido: familiares de policías y efectivos en actividad se movilizan para exigir una propuesta salarial que no quede por detrás de la inflación. El malestar, en pocas palabras, no afloja.

En Mendoza, la foto es un poco distinta, pero no por eso tranquila. El gobierno provincial consiguió acuerdos paritarios con educación y con los judiciales, aunque la calma es apenas parcial. El CEPA advierte que siguen abiertos los reclamos del personal de enfermería y de otros sectores de salud. Además, la provincia recibió hasta marzo de 2026$7.000 millones en ATN, pero quedó alcanzada por un decreto nacional que habilita adelantos de fondos coparticipables con devolución e intereses. Según el análisis, eso le quita aire para adelante y le recorta margen de negociación.

En San Luis, la conflictividad también viene extendida a educación, empleo público, salud y el sector judicial. El punto más sensible está en la reducción de cargos docentes, una medida que cayó muy mal entre los gremios. Los estatales puntanos denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo y reclaman aumentos que compensen la inflación acumulada. Con ofertas paritarias que no terminan de convencer, el malestar sigue creciendo y el panorama se pone cada vez más áspero.

A nivel nacional ya se contabilizan al menos 92 conflictos laborales estatales en lo que va del año, y el 80,4% sigue activo. La dinámica se repite una y otra vez: cae el consumo, baja la coparticipación, se tensan las paritarias y aparecen los recortes en áreas sensibles. Si no mejora la recaudación propia, que arrastra una baja real promedio del 7,3% desde fines de 2023, o no cambia el esquema de transferencias, el sector público cuyano seguirá navegando en aguas bien movidas.