"No vamos a dejarlo pasar": San Juan intimó a un periodista por acusaciones contra Orrego

El Gobierno de San Juan decidió ir a fondo tras la difusión de un informe televisivo que, según la versión oficial, lanzó acusaciones sin sustento contra el gobernador Marcelo Orrego. Por eso, se enviaron cartas documento al periodista Tomás Méndez, a la productora Telearte y al Grupo Octubre. La intimación es clara: o se rectifican públicamente o presentan pruebas en un plazo de 24 horas.

En diálogo con Radio Mil20, el asesor letrado de Gobierno, Facundo Rojas Clariá, explicó que la medida busca una reparación concreta frente a dichos que consideran ofensivos. "El gobernador tomó la decisión de iniciar un camino para lograr una reparación por todos los dichos infundados que atentan contra su buen nombre y honor", afirmó. También remarcó que no solo se puso en juego la figura del mandatario, sino la de toda la provincia: "Se han mencionado hasta a San Juan, por eso se inició el camino legal correspondiente".

Desde el Ejecutivo sostienen que en la presentación se atribuyeron al gobernador "hechos ilícitos de extrema gravedad" con expresiones "manifiestamente inexactas, injuriantes y carentes de sustento fáctico". Según detalló Rojas Clariá, esta instancia es previa a una demanda judicial. "Primero se le da la posibilidad de que acredite lo que dice o que se retracte. Si no sucede, se avanzará por la vía judicial", señaló. Además, aclaró que el pedido apunta a dos caminos: respaldar las afirmaciones con documentación o frenar las expresiones que fueron marcadas como agraviantes.

El funcionario también aseguró que la información difundida habría sido tomada de manera "parcializada o mal interpretada", y adelantó que la Provincia presentará las constancias que, según dicen, prueban la legalidad de lo actuado. El conflicto no es aislado: otros gobernadores como Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Rogelio Frigerio ya iniciaron acciones similares contra el mismo periodista. Mientras tanto, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Claudio Poggi analizan seguir el mismo camino. En San Juan, la postura oficial fue tajante: no van a dejar pasar imputaciones públicas de delitos sin pruebas.