Milei afloja la billetera y busca sumar a los gobernadores para destrabar las reformas
La Casa Rosada activó una jugada política y financiera para recomponer la relación con las provincias. Con adelantos de coparticipación y nuevas negociaciones, el Gobierno intenta recuperar aire en el Congreso y acelerar su agenda.
En la Casa Rosada saben que no pueden seguir perdiendo tiempo si quieren meter presión en el Congreso. Por eso, mientras Manuel Adorni intenta mostrar movimiento desde la jefatura de Gabinete, por debajo se reactivaron las conversaciones políticas para empujar proyectos clave y volver a marcar la agenda. La apuesta es clara: ocupar el centro de la escena con iniciativas que generen ruido y le den oxígeno al oficialismo.
La semana que viene, los libertarios en la Cámara de Diputados quieren sesionar el miércoles 8 para tratar la modificación de la Ley de Glaciares y el proyecto Hojarasca. El primero viene levantando polvareda por el rechazo de distintos sectores opositores, al punto de que más de 100.000 personas intentaron anotarse para hablar en la audiencia previa. Aun así, en el Gobierno confían en que, con el respaldo de las provincias mineras y otros aliados, los votos van a aparecer para avanzar con la sanción.
En ese tablero, el vínculo con los gobernadores aparece como una pieza decisiva. Sin ese respaldo, al oficialismo le costaría muchísimo sacar adelante cualquier reforma. Por eso, Javier Milei firmó un decreto que autoriza un adelanto de hasta $400.000 millones en fondos de coparticipación para 12 jurisdicciones, una medida que saldrá publicada el próximo lunes en el Boletín Oficial. Entre las beneficiadas hay provincias cercanas al Gobierno, como Chaco, Mendoza, Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, pero también distritos críticos como La Rioja, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Río Negro y Santa Cruz.
La movida tiene detrás a dos nombres fuertes: Diego Santilli, desde la rosca política, y Luis Caputo, cuidando la caja. En el Gobierno aseguran que el esquema sirve para ordenar la relación fiscal con las provincias y poner un límite a los pedidos de auxilio mensual. El problema es que el panorama provincial está muy golpeado: en marzo, el reparto automático de impuestos cayó 11,3% frente a febrero, y en el primer trimestre la pérdida acumulada supera el billón de pesos frente al año pasado. Con las cuentas apretadas y paritarias al rojo vivo, varios gobernadores quedaron contra las cuerdas.
El mecanismo de adelantos ya había sido usado con Entre Ríos en enero de 2026 y obliga a devolver el dinero antes de fin de año, con una tasa del 15%. Desde Nación sostienen que así se evita que las provincias salgan a buscar financiamiento externo, donde el costo puede trepar al 30% o 45%. En paralelo, algunas gestiones provinciales empiezan a acomodar sus posiciones: en Tierra del Fuego, Gustavo Melella estudia adherir al RIGI, y en La Rioja hubo un acercamiento entre Ricardo Herrera y Martín Menem que alimentó versiones de todo tipo. Mientras tanto, en La Rioja siguen esperando una definición de la Corte Suprema por el reclamo de USD 1.200 millones retenidos por el Estado nacional.
