El Gobierno unifica los padrones de programas sociales en una sola base
La nueva herramienta busca ordenar la información, detectar superposiciones y afinar la distribución de la asistencia en todo el país.
El Gobierno puso en marcha el Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base que por primera vez junta en un solo lugar los datos de quienes reciben programas sociales en todo el país. La idea oficial es terminar con un esquema desparramado y difícil de seguir, y así tener un control más claro sobre la ayuda que llega a cada rincón. Desde Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, remarcan que se trata de una herramienta "integrada, actualizada y trazable".
El sistema se apoya en el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en 2024, que funciona como un repositorio común de datos oficiales. Con esa base, el Ejecutivo busca cruzar información, monitorear la cobertura de los programas y mirar con más detalle cómo se reparte la asistencia en el territorio. En paralelo, la medida también aparece ligada a los compromisos asumidos con el FMI, que viene pidiendo mayor focalización y control del gasto social.
En el staff report del organismo, fechado el 1° de agosto de 2025, se mencionaba de forma explícita la necesidad de unificar registros sociales "para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social". En ese marco, el programa prevé integrar distintas bases en un registro único que permita reducir filtraciones y sostener el recorte del gasto sin dejar de lado a los sectores más vulnerables. Consultado por Ámbito, el Ministerio de Capital Humano negó que el RIB responda a una exigencia directa del Fondo, aunque el documento del organismo lo incluye en su apartado de "Propuesta de Indicadores Estructurales".
El economista de CESO, Federico Zirulnik, se mostró escéptico frente a la posibilidad de que esto derive en un recorte masivo de prestaciones. "En ningún lado hace explícito la posibilidad de ajustar la cantidad de beneficiarios, pero hablan de ‘mejorar’ la eficiencia del gasto social", afirmó. También señaló que "es difícil ajustar por el lado de la AUH. Me parece que no hay mucho margen. Y en pensiones por discapacidad ya se intentó y no bajaron mucho tampoco". Los recortes que sí se vieron, según advirtió, estuvieron más vinculados a la quita de algunas prestaciones, como tratamientos que antes estaban cubiertos.
La nueva base también incorpora herramientas de análisis con inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información, detectar superposiciones y encontrar a quienes quedan afuera del sistema. Según el Gobierno, eso permitirá "optimizar la asignación de recursos" y mejorar el impacto de las políticas públicas. Pero la centralización de datos sensibles vuelve a abrir una discusión pesada: cómo se usan y cómo se protegen esos datos personales. La resolución aclara que todo deberá ajustarse a la Ley 25.326, con garantías de confidencialidad y seguridad.
