El Gobierno va a la Justicia para frenar el fallo sobre financiamiento universitario
En Nación ya afilan la estrategia judicial mientras buscan una salida administrativa para cumplir con la ley sin absorber de golpe el costo en el presupuesto. También evalúan mover fichas en el Congreso más adelante.
El Gobierno decidió apelar el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una resolución que ordena actualizar salarios de docentes y no docentes, recomponer becas y sostener las partidas para investigación. En los despachos oficiales ya trabajan sobre los expedientes y afinan cada paso de la jugada judicial. La idea es resistir la medida sin soltar la pulseada política.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. Ahora, el Ejecutivo irá primero con un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara que dictó la resolución. Si esa vía no prospera, en Casa Rosada ya anticipan que llevarán la queja a la Corte Suprema.
Mientras tanto, el oficialismo sostiene que aplicará la norma "por goteo". En Balcarce 50 hablan de transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin cargar de una sola vez todo el costo sobre el presupuesto anual. En otras palabras, buscan dosificar el impacto fiscal y evitar que quede asentado como una ampliación permanente del gasto.
El corazón del conflicto está en los artículos 5 y 6 de la ley, que obligan a actualizar los salarios universitarios entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma en un porcentaje no menor a la inflación de ese período. Además, ordenan recomponer los programas de becas según la variación acumulada del IPC y contemplan partidas para investigación. En el Gobierno repiten que la aplicación plena tiene un costo fiscal que quieren administrar con cuidado.
La tensión ya había quedado expuesta cuando el Ejecutivo promulgó la ley y, al mismo tiempo, firmó el decreto 759/2025 para frenar su ejecución, con el argumento de que antes debían definirse las fuentes de financiamiento y las partidas correspondientes. Ese esquema fue objetado por la Justicia y ahora vuelve a quedar bajo la lupa. En paralelo, el oficialismo prepara un proyecto para modificar la norma en el Congreso y reemplazar la actualización automática por un mecanismo más acotado. No apuntan a derogarla, sino a reescribirla con otro formato. En Balcarce 50 incluso no descartan una reglamentación específica para universidades, siguiendo una hoja de ruta parecida a la que ensayaron con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
