Crece la presión judicial por la compra de un departamento de Manuel Adorni
Una ampliación de denuncia sumó nuevas dudas sobre el préstamo familiar declarado por el jefe de Gabinete y pidió citar a la escribana que intervino en la operación.
La causa que rodea a Manuel Adorni volvió a moverse fuerte en los tribunales. Esta vez, una ampliación de denuncia incorporó nuevos elementos sobre la compra de un departamento en Ciudad de Buenos Aires y puso la lupa sobre el origen de los fondos usados en la operación. El planteo suma hechos, referencias periodísticas y pedidos concretos de prueba para que la Justicia avance.
El escrito fue presentado por el diputado nacional socialista Esteban Paulón Ferraro, DNI 25.044.243, junto con Pablo Adrián Juliá. Según detallan, la presentación se apoya en una nota publicada el 30 de marzo por La Nación, titulada "Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito". Allí se señala que el funcionario habría recurrido a un préstamo familiar para concretar la compra, con Beatriz Vegas y Claudia Shabot como prestamistas, a quienes el artículo describe como personas cercanas al jefe de Gabinete.
Para los denunciantes, ese dato no alcanza para cerrar las dudas. Por el contrario, sostienen que todavía no está claro cuál fue el costo financiero total, qué interés se aplicó ni en cuánto tiempo debía devolverse el dinero. También remarcan que la información disponible no permite despejar del todo las sospechas sobre la declaración patrimonial presentada por Adorni, un punto que ahora quedó bajo revisión judicial.
La presentación también apunta contra la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la escritura de compraventa. Según el escrito, su rol no es menor, porque además fue mencionada por el propio jefe de Gabinete en una conferencia de prensa como "la escribana del banco". Por eso, los denunciantes piden que declare para explicar cómo se formalizó la operación, quiénes participaron y bajo qué condiciones se cerró el préstamo.
Además, el documento advierte que la falta de precisión sobre el financiamiento podría chocar con la normativa de ética pública. En ese marco, cita la Resolución 192/2024 de la Oficina Anticorrupción, publicada en el Boletín Oficial el 6 de diciembre de 2024, que reglamenta obligaciones para los funcionarios alcanzados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Ahora, todo quedó en manos del juzgado, que deberá decidir si acepta la ampliación y si convoca a la escribana para que aporte más claridad sobre una operación que sigue generando ruido.
