La Justicia ordenó recomponer los sueldos docentes universitarios y reaviva la pelea con el Gobierno
En plena medida de fuerza, una resolución judicial le dio aire a los docentes universitarios y puso al Estado contra las cuerdas por la aplicación de la ley de financiamiento.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo resuelto por el juez Cormick y le marcó la cancha al Estado: debe actualizar los salarios docentes y las becas estudiantiles previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso, pero hasta ahora no tuvo una aplicación efectiva por parte del Gobierno. En concreto, la suba para los haberes docentes alcanza el 12,3% y debe pagarse en tres tramos: marzo, julio y septiembre de 2026.
Además, el fallo ordena abrir la negociación paritaria con una periodicidad máxima de tres meses, para que los aumentos no queden desfasados frente a la inflación. También alcanza a los gastos mínimos de funcionamiento y a una partida específica de $80.000 millones para los hospitales universitarios, destinada exclusivamente al sistema de salud. En medio de la pulseada, la Justicia volvió a poner sobre la mesa un reclamo que las universidades vienen sosteniendo hace meses, con cuentas cada vez más ajustadas.
El conflicto entre el Gobierno y las casas de estudio se agravó desde los primeros meses de Javier Milei en la Presidencia, cuando se prorrogó el presupuesto de 2023. Con una inflación interanual superior al 200%, el golpe en la práctica fue durísimo: varias universidades advirtieron que solo tenían fondos para llegar a mayo o junio, se recortaron servicios básicos como la luz y el gas, y hasta se frenaron programas de investigación. La tensión escaló a la calle con dos marchas federales que quedaron marcadas como las más grandes de las últimas décadas.
El 23 de abril de 2024, una movilización histórica en todo el país obligó al Gobierno a recomponer parcialmente las partidas de gastos de funcionamiento, como luz, limpieza e insumos, aunque dejó afuera el pedido salarial, que representa el 90% del presupuesto. Después, el 2 de octubre de 2024, llegó la segunda gran marcha federal tras el veto de Milei a la ley. Pese a la presión social, el Congreso ratificó esa decisión días más tarde con el respaldo del PRO y otros aliados. Desde entonces, el oficialismo endureció el discurso, acusó a las universidades de ser centros de "adoctrinamiento" y de manejar fondos con opacidad, mientras impulsó auditorías a través de la SIGEN; las universidades, en cambio, sostuvieron que por su autonomía constitucional solo pueden ser controladas por la AGN. Aunque el Congreso sancionó una nueva ley a fines de 2025, el Ejecutivo evitó aplicarla por completo y eso derivó en una ola de amparos. Ahora, con el paro docente universitario por 48 horas que arrancó este lunes 30 de marzo, la Justicia volvió a darles la razón a los gremios y rectores.
