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Golpe judicial a la reforma

La Justicia frenó gran parte de la reforma laboral y dejó más de 80 artículos en pausa

Un fallo en el fuero laboral hizo lugar al planteo de la CGT y suspendió cambios sensibles de la ley hasta que haya una decisión definitiva.

La Justicia frenó gran parte de la reforma laboral y dejó más de 80 artículos en pausa

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del magistrado Raúl Ojeda, resolvió frenar de manera cautelar más de 80 artículos de la reforma laboral incluida en la Ley 27.802. La medida llegó a partir de un amparo colectivo presentado por la Confederación General del Trabajo y sacudió el tablero en un tema que venía generando ruido fuerte. Según el juez, había un riesgo concreto de que los cambios produjeran un daño difícil de revertir para los trabajadores mientras avanza la causa principal contra el Estado Nacional.

En su resolución, Ojeda sostuvo que la cautelar se mantiene hasta que se dicte sentencia definitiva, para evitar consecuencias irreversibles en las relaciones laborales. Entre los puntos que quedaron suspendidos aparecen modificaciones sobre el Contrato de Trabajo, como la responsabilidad solidaria en tercerizaciones, el principio in dubio pro operario y la actualización de créditos laborales. También quedó en pausa el Título II, del artículo 58 al 77, que buscaba poner en marcha los Fondos de Asistencia Laboral para financiar despidos.

La decisión también tocó de lleno a la conflictividad sindical, ya que no podrán aplicarse por ahora las restricciones al derecho de huelga, la obligación de servicios mínimos ni los cambios en la ultraactividad de los convenios colectivos. Además, quedaron suspendidas las flexibilizaciones previstas para el trabajo agrario, el régimen de casas particulares y la derogación de la Ley de Teletrabajo. Para el magistrado, la comparación entre la norma anterior y la nueva ley muestra una desprotección patente y flagrante, por lo que entendió que su intervención no rompe la división de poderes, sino que cumple con el control de constitucionalidad para cuidar derechos sociales y la libertad sindical.

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