El Parlamento israelí habilitó la pena de muerte para casos de asesinato terrorista
La Knéset aprobó una reforma durísima impulsada por el sector más duro del Gobierno. La decisión desató un fuerte rechazo internacional y abrió un nuevo frente de tensión.
El Parlamento de Israel dio luz verde este lunes a una reforma que habilita la pena de muerte por ahorcamiento para condenados por asesinato terrorista. La votación terminó con 62 apoyos y 48 rechazos, en una sesión cargada de tensión y cruces fuertes. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que, en la práctica, la medida recaería sobre palestinos y no sobre ciudadanos judío-israelíes.
La nueva norma obliga, salvo excepciones que todavía no están definidas, a los tribunales militares israelíes a aplicar esa pena a palestinos de Cisjordania ocupada. En cambio, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes sólo tendrán la posibilidad de imponer cadena perpetua, con más requisitos para hacerlo. El primer ministro Benjamín Netanyahu estuvo presente en la votación y acompañó la reforma, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría del Likud y de casi toda la coalición oficialista, con la excepción del partido ultraortodoxo Yahadut HaTora. También votó a favor el opositor de ultraderecha Israel Beitenu, mientras que fuerzas como Yesh Atid, Kachol Lavan y los árabes Hadash y Taal se plantaron en contra. En medio del clima áspero, Ben Gvir intentó abrir una botella de champán tras la aprobación, pero un ujier se lo impidió. Minutos después, se detectó además un lanzamiento de misiles desde Irán hacia la región de Tel Aviv, lo que terminó de subir la temperatura.
Durante el debate, que se estiró por más de 10 horas, las críticas fueron durísimas. El diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid, calificó la ley de "populista, inmoral, no igualitaria" y la tildó de "claramente inconstitucional". Desde Hadash, Aida Touma-Suleiman cuestionó que la pena no se aplique de manera universal y puso el foco en la desigualdad entre víctimas, acusados y contextos judiciales. Afuera del recinto, la sesión siguió de manera telemática por el estado de emergencia vigente por la guerra.
Del otro lado, Limor Son Har-Melej, de Otzma Yehudit, defendió la reforma como "un momento de justicia histórica" para las familias golpeadas por atentados. Recordó que su marido murió en un ataque en 2003 y sostuvo que ya no habrá más cárceles convertidas en "hoteles" para asesinos. La ley fija que la ejecución deberá concretarse en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia, bajo control del Servicio Penitenciario y con fuertes restricciones para el detenido y su entorno.
La reacción internacional no tardó en llegar. Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, al igual que la ONU y el Consejo de Europa. Según medios israelíes, incluso funcionarios militares habían advertido sobre posibles choques con el derecho internacional y el riesgo de órdenes de arresto contra mandos israelíes en el exterior. Hasta ahora, Israel sólo había aplicado la pena de muerte una vez, en 1962, con la ejecución de Adolf Eichmann.
