Buscan cortar de raíz el uso de celulares en las cárceles

La Libertad Avanza metió en la Cámara de Diputados un proyecto para terminar con el uso de celulares en las cárceles. La iniciativa apunta a frenar estafas virtuales, maniobras del crimen organizado y todo tipo de delitos que, según denuncian, siguen saliendo desde adentro de los penales. La propuesta lleva la firma de la diputada Silvana Giudici y busca reformar la ley 24.660.

La legisladora remarcó que durante el gobierno de Alberto Fernández se habilitó el uso de teléfonos por la pandemia, para que los presos pudieran comunicarse con sus familias. Ahora, sostiene que esa flexibilización dejó una puerta demasiado abierta. En los fundamentos, Giudici afirmó que no alcanza con resoluciones judiciales o disposiciones del Ministerio Público Fiscal y que hace falta una norma general que cierre el grifo de una vez.

El texto prohíbe la "tenencia, uso, facilitación, comercialización, o introducción por cualquier medio, de dispositivos móviles o inalámbricos de comunicación" dentro de los establecimientos penitenciarios. Ahí entran celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier aparato capaz de transmitir voz, datos o conectarse a redes. La única excepción sería el uso de equipos informáticos autorizados por la autoridad penitenciaria, y solo para actividades educativas, laborales o de reinserción social, bajo control estricto.

Giudici fue tajante al advertir que los teléfonos en los penales se convirtieron en una herramienta delictiva. Según explicó, desde allí se cometen estafas virtuales, se simulan llamados de supuestos funcionarios públicos para pedir transferencias y también se manejan bandas criminales, se planifican atentados y se accede de manera ilegal a cuentas bancarias y billeteras virtuales. La diputada recordó además que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, ya se había avanzado con la prohibición de comunicaciones móviles y con la instalación de inhibidores en pabellones y módulos.

La iniciativa también apunta contra la autorización que en 2020 dispuso la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, en el marco de la pandemia de COVID-19 y la suspensión de visitas. Para los autores del proyecto, esa medida terminó generando una polémica enorme por la falta de control sobre líderes narcos y bandas organizadas. El escrito fue acompañado por Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio "Tronco" Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargosi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Giselle Castelnuovo.