Otro paro de 72 horas deja a las facultades casi vacías

Las universidades públicas de todo el país volverán a quedar en pausa en la última semana de marzo por un nuevo paro de 72 horas impulsado por gremios docentes y no docentes. La medida irá desde el lunes 30 de marzo hasta el miércoles 1° de abril y se mete de lleno en un conflicto que ya viene calentando hace semanas. El reclamo central sigue siendo el mismo: que se cumpla la ley de financiamiento universitario.

El malestar no apareció de un día para el otro. Después del paro de cinco días que se hizo entre el 16 y el 20 de marzo, los sindicatos decidieron endurecer la postura ante la falta de respuestas concretas. En el medio están la actualización del presupuesto, los salarios, los gastos de funcionamiento y también las becas para los estudiantes. Todo eso, según denuncian, quedó muy atrás frente a la inflación y al ajuste.

La ley que ordena el financiamiento del sistema fue ratificada por dos tercios del Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo, pero el Gobierno resolvió no aplicarla y el tema terminó en la Justicia. Allí hubo un fallo favorable a las universidades, aunque la administración nacional apeló. Mientras tanto, el Ejecutivo dejó trascender una suba salarial del 12,3% en tres tramos —marzo, julio y septiembre—, una oferta que los gremios consideran claramente insuficiente.

Desde el sector docente sostienen que, para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023 y sin contar la inflación que todavía falta, haría falta un aumento del 55,4%. Con el paro de esta semana y los feriados del jueves y viernes, las facultades públicas quedarán sin clases durante varios días seguidos. Y si no aparecen avances en la aplicación de la ley ni convocatoria a paritarias, suspendidas desde octubre de 2024, ya se adelantaron nuevas medidas: una Marcha Federal para el 23 de abril y otro paro en la semana del 27.

En este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional también encendió las alarmas tras una reunión de rectores en Santa Rosa. En su documento final habló de una situación presupuestaria crítica y advirtió que las transferencias a las universidades muestran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Además, marcó el golpe a los salarios: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 subieron 158%, mientras la inflación llegó al 280%, con una pérdida del poder adquisitivo cercana al 32%. A eso se suma el recorte en las becas: las partidas de Becas Progresar cayeron un 82% en términos nominales entre 2025 y 2026, lo que implica una baja real superior al 95% respecto de 2023.