Después del revés por YPF, el oficialismo aprieta la ley de expropiaciones

Tras el fallo que dio vuelta la sentencia en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno ya giró al Congreso un proyecto para retocar la ley de expropiaciones. La movida busca poner la vara más alta a la hora de nacionalizar un bien y dejar menos margen para discusiones judiciales. En la Casa Rosada entienden que el caso petrolero dejó una marca pesada y quieren evitar otro sacudón similar.

En cadena nacional, Milei sostuvo que una resolución adversa en ese juicio podía costarle al país 18.000 millones de dólares y remarcó que afrontarlo hubiera sido un golpe duro para la recuperación económica. También apuntó contra la estatización de 2012, a la que calificó como una decisión que dejó un "precio inconmensurable" para la Argentina. Según su mirada, el impacto se sintió en el riesgo país, en las tasas y en el crecimiento.

El mandatario fue más allá y afirmó: "Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal". En esa misma línea, aseguró que esa lógica le costó al país cerca de 12 años de menor inversión, con menos empresas, menos trabajo y más pobreza. Para el oficialismo, el problema no es solo jurídico: también pega de lleno en la confianza de quienes podrían poner plata en la Argentina.

La reforma apunta a que las expropiaciones queden reservadas para casos "estrictamente excepcionales" y a que la compensación sea más clara y más alta para los damnificados. Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la idea es modificar la ley 21.499 para cerrar zonas grises y definir mejor supuestos, condiciones e indemnizaciones. El texto también busca que el valor del bien se tome antes de cualquier alteración provocada por la propia expropiación y que se reconozca el lucro cesante.

Además, el proyecto establece que la indemnización cubrirá el valor real de mercado y los daños directos derivados del proceso, pero no contemplará factores personales, sentimientos ni ganancias hipotéticas. El cálculo se actualizará con el IPC del Indec y con los intereses correspondientes, mientras que el traspaso de la propiedad recién se concretará cuando se pague la compensación completa. También se prevé que el monto sea abonado en efectivo, salvo acuerdo distinto, y que las ocupaciones temporales anormales no puedan extenderse más de 60 días.

Desde el Gobierno insisten en que la jugada busca reforzar la protección de la propiedad privada y darle previsibilidad al mercado. Manuel Adorni ya había advertido que la inseguridad jurídica espantó inversiones durante años y frenó empleo. El paquete legislativo, además, incluye cambios en desalojo, regularización dominial, tierras rurales y el sistema federal de manejo del fuego. La señal política es clara: el oficialismo quiere dejar escrito, negro sobre blanco, que con la propiedad privada no se juega.