Denuncian al empresario Daher por maniobras con cheques sin fondos por más de $80 millones
Dos presentaciones lo acusan de maniobras que superarían los $80 millones. Interviene la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que analiza si existió un esquema reiterado de estafa.
La situación judicial del empresario sanjuanino Elías Federico Daher Crim volvió a quedar en el centro de la escena tras la aparición de dos nuevas denuncias por presuntas estafas vinculadas al uso de cheques sin respaldo. Las presentaciones, radicadas en las últimas horas, describen maniobras que habrían provocado un perjuicio económico superior a los $80 millones y hacen foco en un posible patrón repetido en operaciones comerciales y financieras.
Uno de los casos fue impulsado por el representante de una firma proveedora de materiales para la construcción, quien aseguró haber entregado productos entre junio de 2025 y enero de 2026. Según la denuncia, los pagos se hicieron con cheques electrónicos diferidos que, al momento de ser presentados al cobro, fueron rechazados por falta de fondos. El monto reclamado en ese expediente supera los $20 millones y, pese a los reclamos extrajudiciales, la deuda no habría sido cancelada.
En paralelo, otro denunciante sostuvo haber otorgado un préstamo millonario al empresario en septiembre del año pasado. Como garantía, habría recibido 13 cheques que también fueron rechazados después bajo la misma causal. La suma involucrada en este caso ronda los $62 millones y tampoco habría sido regularizada, incluso tras el envío de una carta documento.
Ambas presentaciones coinciden en un punto sensible: no se trataría de incumplimientos aislados, sino de una presunta maniobra en la que los cheques habrían sido usados para generar confianza y concretar operaciones sin respaldo económico real. Un cuadro que, dicho sea de paso, complica bastante la historia.
El escenario se vuelve todavía más delicado por antecedentes recientes. En febrero de 2026, Daher ya había sido investigado en otra causa por estafas de características similares, que incluyó un acuerdo de reparación económica por un perjuicio cercano a los $130 millones. En ese expediente, el sobreseimiento quedó atado al cumplimiento total de lo pactado.
Ahora, con estas nuevas acusaciones sobre la mesa, la UFI Delitos Informáticos y Estafas deberá determinar si existió una metodología reiterada y avanzar con posibles medidas como embargos o inhibiciones de bienes, mientras se intenta garantizar una eventual restitución a los denunciantes.
