ASIJEMIN pide reformar la Ley de Glaciares y crear una agencia de control ambiental

En medio del debate nacional por una posible modificación de la Ley de Glaciares, la ASIJEMIN salió a marcar la cancha con un comunicado bien claro: pide actualizar la norma para que convivan la protección ambiental, el desarrollo productivo y una mayor previsibilidad para el sector minero.

Desde la asociación remarcaron que cuidar los glaciares es una obligación que no admite vueltas, porque son reservas estratégicas de agua. Pero, al mismo tiempo, advirtieron que la experiencia de más de una década dejó en evidencia imprecisiones técnicas en las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar, algo que termina generando incertidumbre y complica inversiones, planificación y desarrollo regional.

En ese sentido, sostienen que no se trata de aflojar con la protección, sino de reforzarla con criterios técnicos serios, apoyados en universidades, organismos científicos y autoridades provinciales especializadas. También remarcaron que la Cordillera de los Andes no es homogénea y que las provincias, por su conocimiento territorial, están en mejores condiciones para identificar con precisión qué zonas deben quedar bajo resguardo estricto.

El gremio recordó además que, incluso antes de la Ley de Glaciares, la minería moderna ya estaba sometida a controles ambientales como informes de impacto ambiental, evaluaciones técnicas provinciales, participación ciudadana y auditorías periódicas. En ese marco, destacaron que San Juan cuenta con más de dos décadas de institucionalidad minera sólida, con equipos técnicos capacitados y mecanismos de control robustos.

Pero la apuesta de ASIJEMIN va más allá: plantean que este debate debería abrir la puerta a una nueva Ley de Minería para la Argentina, con un esquema moderno, federal y soberano. Según su postura, esa norma tendría que garantizar protección estricta del agua y de los glaciares, reglas claras para las inversiones, desarrollo local, tecnológico y productivo, y participación social real en la toma de decisiones.

Además, propusieron la creación de una Agencia de Control Ambiental Minero con funcionamiento federal y participación multisectorial. La idea es que estén sentados en esa mesa pobladores y comunidades de las zonas mineras, municipios, sindicatos, empresas, ONG ambientalistas, universidades y organismos científicos. La misión sería controlar, auditar y monitorear proyectos en tiempo real, emitir dictámenes técnicos vinculantes, aplicar sanciones y multas ante incumplimientos, y asegurar transparencia y acceso público a la información.

En el comunicado también apuntaron contra el avance del RIGI, impulsado por el gobierno nacional, al que cuestionan por otorgar beneficios extraordinarios a grandes capitales sin asegurar integración productiva, desarrollo tecnológico, participación de proveedores locales ni una distribución justa del valor generado.

Por eso, la posición del gremio quedó sintetizada en cuatro puntos: acompañar mejoras técnicas a la Ley de Glaciares para fortalecer el rol de las provincias, rechazar el RIGI, impulsar una nueva ley minera que proteja el agua y promueva el trabajo argentino, y crear una agencia de control con participación social y poder real de sanción.

La frase con la que cerraron no deja dudas sobre el rumbo que defienden: proteger los glaciares y desarrollar la minería no son objetivos incompatibles, sino partes de un mismo proyecto nacional. El agua es vida. El trabajo es dignidad. La minería responsable es desarrollo. La soberanía es el camino.