Arancibia apuntó contra la demora judicial: "Sin secuestro de celulares no habrá verdad"

El abogado Marcelo Arancibia, impulsor de la denuncia por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, salió con los tapones de punta contra el avance de la causa en San Juan y advirtió que el expediente viene demasiado lento para la magnitud del escándalo.

En diálogo con Zonda Diario, fue tajante: "La prensa de San Juan va mucho más rápido que la Justicia". Según planteó, todavía no se tomaron medidas básicas para resguardar pruebas clave, algo que —para él— pone en riesgo el esclarecimiento del caso.

La obra fue pensada como una respuesta de fondo para llevar agua potable a cerca de un millón de sanjuaninos, pero hoy está frenada y bajo sospecha, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares. Arancibia sostuvo que ya había señales técnicas preocupantes cuando se detectó que las cañerías no soportaban la presión del sistema. "La obra se frena cuando se advierte que los caños no servían. Ahí empieza a quedar en evidencia que se gastaron 100 millones de dólares prácticamente sin sentido", remarcó.

El dato que más ruido generó, según recordó, surgió de una investigación periodística: las tuberías compradas no serían aptas para agua potable, sino para sistemas cloacales o de drenaje. Para el denunciante, eso agrava todo el panorama. "No estamos hablando solo de corrupción. Estamos hablando de la posibilidad de haber puesto en riesgo la salud de toda la población", lanzó.

En ese sentido, advirtió que, si la obra se hubiera terminado con esos materiales, los sanjuaninos podrían haber consumido agua contaminada. "Es un nivel de deshumanización enorme. No les importaba el daño que podían causar", sostuvo, con una mezcla de bronca e impotencia.

Arancibia también comparó el caso con otros antecedentes de fuerte impacto en el país. "Esto me hace acordar a la tragedia de Once. Allí hubo advertencias que no se escucharon y terminó en una catástrofe. Acá, si no se detectaba a tiempo, podría haber pasado algo gravísimo", señaló.

Uno de los puntos más duros de su denuncia apuntó al accionar de la Justicia. Dijo que la investigación todavía no fue formalizada como corresponde y que no se avanzó con medidas elementales. "Los fiscales tienen una actitud displicente. No se entiende por qué, a esta altura, no pidieron medidas como el secuestro de celulares, computadoras o documentación clave" a los que estaban en OSSE, el Ministerio de Infraestructura, la gobernación o a la empresa Krah, cuestionó.

Para graficar su preocupación, usó una comparación bien gráfica: "Es como si San Juan estuviera viendo por primera vez una carrera de Fórmula 1, pero el piloto va a 60 km/h cuando debería ir a 250. Así no se va a alcanzar nunca la verdad". Y sumó otra advertencia: con el paso del tiempo, esos teléfonos y documentos pueden desaparecer. "Pueden estar en el fondo de un dique o destruidos", afirmó.

Además de los posibles delitos penales, como malversación de fondos o tráfico de influencias, el abogado también habló de una posible estafa comercial. "Es como ir a comprar un producto y que te entreguen otro completamente distinto. Acá se pagó por caños para agua potable y se habrían entregado caños para cloacas. Eso es una defraudación clara", explicó.

En paralelo, remarcó que el Estado debería avanzar también por la vía civil para recuperar el dinero. "Son 100 millones de dólares que hay que reclamar con intereses. No es solo una cuestión penal", dijo. Y alertó por los tiempos legales: "Han pasado casi 10 años. Ojo con la prescripción de las acciones civiles. Si no se actúa rápido, la provincia puede perder la posibilidad de recuperar esos fondos".

Arancibia también pidió diferenciar responsabilidades dentro del entramado de la obra. "Hay que distinguir: una cosa es la empresa que vendió los caños y otra la UTE que ejecutó la obra civil. No es lo mismo. Cada actor tiene su responsabilidad", explicó. A eso le sumó que el proyecto fue financiado con fondos nacionales, provinciales y créditos internacionales, lo que deja una deuda que la provincia sigue pagando.

Por último, advirtió que el problema no se agota en lo judicial. Dijo que la falta de inversión en infraestructura hídrica y de riego puede empujar a San Juan a una crisis productiva seria. "San Juan puede colapsar agrariamente. Hay poca agua, no hay sistemas de riego en condiciones y eso afecta directamente al empleo y a toda la economía agroindustrial", afirmó.

Su pedido final fue concreto y sin rodeos: que la denuncia se formalice cuanto antes y que se ordenen medidas probatorias urgentes. "Lo que estoy pidiendo es simple: que se formalice la denuncia y se autoricen medidas probatorias. Hay que secuestrar documentación, analizar cuentas bancarias, tomar declaraciones y peritar todo", insistió. Y cerró con una advertencia que dejó flotando tensión en el aire: "Si no se actúa ahora, se puede perder información clave. Y con eso, también la posibilidad de saber la verdad".