Argentina dice chau a la OMS: ¿qué nos espera ahora?

Pablo Quirno, canciller de nuestro país, confirmó que la Argentina ya no forma más parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que empezó a sonar el año pasado tras la reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y el antivacunas estadounidense Robert F. Kennedy Jr.. Esta salida forma parte de la alineación total con la Casa Blanca, un giro que no cayó nada bien entre científicos y organizaciones civiles, que alertan sobre las graves consecuencias para la población.

Lejos de cualquier argumento sanitario sólido, esta determinación debilita al Estado para enfrentar epidemias, pone en jaque programas clave como la vacunación y la salud sexual y reproductiva, y profundiza las desigualdades que ya venimos arrastrando. Hoy, sólo quedan fuera de la OMS cuatro países y, sumando a Estados Unidos y ahora a nosotros, la lista se agranda preocupantemente.

Más allá de emitir recomendaciones, la OMS cumple un rol central recogiendo estadísticas, categorizando enfermedades y supervisando la industria farmacéutica, donde muchas aprobaciones dependen de sus certificados. Perder ese paraguas significa un peligro latente para nuestra salud pública.

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, contó en diálogo con El Auditor que esta salida implica aislarse y cortar el flujo vital de información y cooperación para anticipar brotes o pandemias. "Las implicancias pueden tener impactos severos en el ejercicio del derecho a la salud", remarcó. Sin la OMS, el país pierde protocolos, alertas tempranas y pautas conjuntas, lo que puede traducirse en diagnósticos demorados y falta de equipamiento ante futuras emergencias.

Los planes de vacunación, el tratamiento del VIH y tuberculosis, y la atención en salud sexual quedan en el ojo de la tormenta. Además, la salida puede truncar nuestra posibilidad de sumarnos a proyectos de investigación internacionales, dejando aislados a científicos y profesionales locales.

La OMS también coordina y financia campañas preventivas, un recurso clave en tiempos donde el presupuesto aprieta y los medicamentos escasean. Como dijo García Rey, perder esa ayuda implica que provincias con menos recursos carguen con la mochila sin apoyo, complicando el acceso a medicamentos y vacunas.

Otro punto grave es la pérdida de estándares y supervisión técnica. Al quedar afuera, perdemos chances de actualizar protocolos con evidencia mundial, sumar tecnología y capacitar a nuestros profesionales según lo que se exige en el mundo.

Esta realidad afecta especialmente a mujeres, personas gestantes y grupos históricamente vulnerados, como adolescentes o población LGBTIQ+, que podrían ver limitado su acceso a servicios integrales, dificultando la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Sin dudas, una decisión que sigue generando debate en San Juan y todo el país.