Megaestafa de Branka Motors: los acusados proponen pagar $500 millones para zafar del juicio
Los hermanos Marcó y Banega quieren devolver la plata en cinco cuotas para intentar evitar ir a juicio. Si la jueza aprueba el arreglo, podrían quedar libres y sobreseídos.
El caso de la presunta megaestafa de Branka Motors parece tomar un giro que nadie esperaba en este rincón sanjuanino. Los hermanos Matías y Agustín Marcó, junto a su socio el polémico Facundo Banega, salieron con una propuesta para devolver la plata a los que dicen haber sido estafados. La oferta ronda los $500 millones, una suma que, según ellos, alcanzaría para devolverle a la gente que metió la guita en ese negocio que prometía motos con planes a medida.
El caso, que es investigado como un esquema que se parece a una pirámide, tiene a los tres acusados presos bajo prisión preventiva, una orden firmada por la jueza Carolina Parra. Pero si la Justicia acepta el plan y todo marcha bien con los pagos, podrían cerrar el juicio y ellos quedarían libres y sin cargos.
La idea que llevaron adelante las defensas es aplicar la figura de reparación integral del daño, un atajo legal que permite terminar un proceso penal si las víctimas aceptan la plata como compensación y la Justicia lo avala. El plan: cinco pagos de alrededor de $100 millones cada uno, para repartir entre quienes denunciaron, según lo que cada uno puso.
La primera cuota debería salir dentro de los 15 días de que la jueza homologue el acuerdo, y después se iría pagando al ritmo de un mes, dos meses, tres y cinco meses a partir de esa fecha. Si se cumplen todas, los tres podrían respirar aliviados, aunque la chequera tiene que estar firme y al día.
Como garantía, los acusados ponen sobre la mesa propiedades de sus familiares directos: los Marcó pondrían al resguardo inmuebles de sus padres, y Banega, bienes de sus abuelos. Esos papeles van a quedar prensados hasta que no se liquide todo.
En las últimas horas juntaron a los damnificados para contarles el trato. Participaron casi todos los denunciantes, más de 340 personas, junto a sus abogados, entre ellos Alejandra Iragorre, María Filomena Noriega y Fabiana Salinas. La mayoría le dio el visto bueno, aunque algunos aún se resisten y podrían seguir por la vía civil para buscar resarcimiento.
El día decisivo está cerca: la jueza Parra debe darle el sí o no a este acuerdo. Si da luz verde, los acusados se van a poder dar el gusto de recuperar la libertad, pero ojo, que si faltan los pagos, vuelven derechito al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.
La fiscalía, a cargo de Guillermo Heredia y su ayudante Gabriela Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, no tiene dudas: esto no fue un simple fracaso, sino un plan armado para sacar plata de arriba engañando a más de 340 personas por un total de unos $509 millones. La tevé ya contó cómo funcionaba: prometían motos baratas, pero se financiaban con la plata de los últimos en entrar y encima le pagaban a los proveedores más caro que el precio final, una señal clarita de que esto era puro cuento.
Por ahora, los tres enfrentan cargos por defraudación por engaño en 348 hechos, y la Justicia tiene que decidir si les permite zafar con esta entrega de guita o si siguen adelante con el juicio.
