El Gobierno manda al frente con multas millonarias a La Fraternidad y la UTA por romper la conciliación obligatoria

El Ejecutivo salió a poner la ficha y no se anda con chiquitas: va con todo contra los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) por pasarse por alto la conciliación obligatoria y participar del paro nacional convocado por la CGT el pasado 19 de febrero. Según datos oficiales que llegaron a Infobae, el gremio de locos de las locomotoras se ve enfrentado a una multa de 21 mil millones de pesos, mientras que los choferes de colectivos podrían tener que desembolsar la friolera de 70 mil millones.

Desde ambos sindicatos reconocen que aún no les llegó el papel oficial con la sanción y prefieren no tirar un comentario hasta analizar bien qué dice esa notificación. Esta movida genera un precedente especial en cuanto a sanciones por no acatar la conciliación, y la tensión entre el Gobierno y el sindicalismo podría subir varios peldaños.

La central obrera no se quedó callada: tildó la medida de "persecución política y sindical" y aseguró que "lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones". Además, la CGT advirtió que "Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical".

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que tiene a Juan Carlos Schmid al frente, también salió al cruce y se puso del lado de los dos gremios sancionados, alertando que "estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga".

La Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, detectó la falta de cumplimiento de la conciliación en ambos sindicatos aquel 19 de febrero y arrancó con los sumarios administrativos correspondientes. En el comunicado oficial explicaron que "las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".

Más allá del impacto económico —que se ajustará según cuándo se concretó la infracción y cuántos trabajadores estuvieron implicados—, la normativa prevé que se puede llegar a quitarle la personería jurídica a los sindicatos que sigan pisoteando la conciliación obligatoria, una medida que pone los pelos de punta en el mundo sindical. Desde Capital Humano afirmaron que esta movida "busca resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".

Desde La Fraternidad, con Omar Maturano al mando, defendieron que la conciliación obligatoria sólo regía para su conflicto salarial particular y no para una protesta general convocada por la CGT por otros problemas. En tanto, UTA, liderada por Roberto Fernández, sostuvo que la conciliación en esos días estaba dictada únicamente para los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.

Recordemos que la conciliación obligatoria, según la ley, obliga a sindicatos y empleadores a sentarse a negociar durante mínimo 15 días —y pueden extenderse cinco más— en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Durante ese tiempo, las partes deben congelar cualquier medida directa que altere la paz laboral, o se arriesgan a severas sanciones.

Este tipo de multas no se veían desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó con una multa de más de 800 millones al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, por violar la conciliación en un conflicto por un bono de fin de año para cientos de miles de trabajadores. En aquel entonces, la organización gremial rechazó el pago y peleó la causa, lo que terminó con la nulidad del expediente en 2020, dictada por el ministro Claudio Moroni en la gestión de Alberto Fernández, debido a irregularidades en la identificación de los trabajadores afectados.