El Gobierno pone la mira en los pibes con nuevo Régimen Penal Juvenil

Después de un largo debate en el Senado, el Gobierno acaba de promulgar la Ley 27801, esa norma que baja la edad mínima para imputar a un pibe de 16 a 14 años. La ley, que ya es oficial gracias al decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, es otra victoria del oficialismo en estas sesiones extraordinarias.

Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Senado le dio el visto bueno a este cambio que no solo reduce la edad de imputabilidad sino que también establece un sistema de penas que varían según la edad y las circunstancias del jovencito que se manda una macana.

El nuevo régimen tiene un enfoque claro: "la orientación debe estar siempre en la educación y la resocialización, para que el pibe imputado pueda reinsertarse en la sociedad con trabajo, comprensión y arrepentimiento por lo que hizo". Y ojo, porque dejan bien explícito que la privación de la libertad será el último recurso, usado por el tiempo más breve posible. Quedan prohibidas las penas perpetuas o indefinidas, y que los antecedentes penales se queden para siempre.

En cuanto a dónde van a parar los que son detenidos, si la internación es indispensable, deberá ser en lugares especiales y con personal capacitado para tratar con adolescentes. Nada de mezclarse con mayores, eso está totalmente fuera de discusión.

Además, la ley no se anda con vueltas y pide que los procesos judiciales se hagan rápido, sobre todo si los pibes están con prisión preventiva, porque cualquier demora injustificada puede hacer responsable al juez de turno y terminar en un sancionatorio.

Si hablamos de chicos inimputables, la justicia civil intervendrá para investigar y aplicar medidas que protejan o curen, siempre pensando en lo mejor para ellos. También se obliga a que jueces, fiscales y defensores tengan especialización en temas penales juveniles.

La ley no olvida a las víctimas: garantiza que los perjudicados por delitos juveniles tengan voz y voto durante todo el proceso, puedan estar al tanto de cómo va la causa, y soliciten protección si hace falta. En casos de daños, los padres o responsables legales responderán patrimonialmente según lo que diga la sentencia.

Y para cerrar, la normativa promueve alternativas como la conciliación o mediación, siempre que la víctima esté de acuerdo y el delito lo permita, buscando resolver los conflictos de manera restaurativa y sin que nadie quede en banda.