El fiscal Basso apunta a diez iraníes y libaneses y suma un nuevo acusado en la causa del atentado
Sebastián Basso pidió procesar a diez sospechosos y la captura internacional de un alto jerarca iraní, mientras avanza hacia un juicio en ausencia por el ataque que dejó 85 muertos.
El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la UFI AMIA, tiró la casa por la ventana al pedir el procesamiento de diez iraníes y libaneses señalados en el expediente por el atentado del 18 de julio de 1994. Pero eso no es todo: le metió la ficha a un nuevo acusado, Alí Asghar Hejazi, pidiendo su captura internacional. Este tipo era la mano derecha del líder supremo iraní Alí Khamenei, quien murió el 28 de febrero en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel.
Según la Fiscalía, Hejazi presidía el llamado Comité Vijeh, el organismo estatal que armó todo el plan para volar la AMIA. Ya aprobado el plan macabro por los mandos más altos, a Hejazi le tocó mover los hilos para ejecutarlo. Este dato salió a la luz después de que cuatro iraníes disidentes testificaran en Francia, apoyando la imputación. Ahora, la causa está en manos del Juzgado Federal N° 6, a cargo del juez Daniel Rafecas, quien debe definir la situación.
Los otros diez sospechosos, que Basso pidió procesar, ya estaban en la mira judicial y con pedidos de captura internacional desde 2006. Entre ellos están pesos pesados como Alí Fallahian, exministro de Inteligencia, y Ahmad Vahidi, recientemente designado jefe de la Guardia Revolucionaria. Este grupo supuestamente organizó la voladura en una reunión secreta del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en 1993, justo cuando se avanzaba en procesos de paz en Medio Oriente.
La lista de sospechosos también incluye exdiplomáticos en Buenos Aires, que armaban una red de espionaje con fachada oficial para armar el operativo: Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari. Según la UFI AMIA, fueron clave para armar la logística y facilitar el escape de los terroristas, aprovechando su inmunidad diplomática.
Además, los libaneses de Hezbolá tampoco se quedan atrás. El cerebro final en el país fue Salman Raouf Salman, quien organizó la llegada, estadía y fuga del grupo atacante, con la ayuda de su hermano Abdallah Salman. También aparece en la causa Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante que les proveyó documentos falsos para conseguir ciudadanías truchas.
El dictamen fiscal de más de 200 páginas detalla que estos personajes, como autores o partícipes, son responsables de homicidio calificado por odio racial y religioso, lesiones a más de 140 personas y daños materiales. Además, se los acusa de asociación ilícita con fines discriminatorios.
Para el fiscal, la cúpula iraní diseñó una estrategia bélica contra la comunidad judía, financiando y protegiendo el ataque desde Teherán. Los comandos ejecutaron el plan usando pasaportes falsos para engañar los controles migratorios.
Como medida cautelar, Basso pidió elevar los embargos sobre bienes de estos prófugos a más de $741 mil millones, y sugirió usar canales diplomáticos y redes oficiales para notificarlos formalmente. Este paso es clave para avanzar hacia un juicio oral y público, que en este caso será en ausencia de los acusados.
Por su parte, la defensa planteó ante la Cámara Federal la inconstitucionalidad de la ley que permite juzgar a prófugos, pero tanto el juez Rafecas como la Cámara rechazaron esa queja. Ahora, la Sala II del máximo tribunal penal tiene la última palabra.
