Escándalo en Diputados: el Acuerdo de Escazú pone en jaque la reforma de la Ley de Glaciares
La polémica reforma que busca flexibilizar la protección del área periglaciar encontró un rival inesperado: el Acuerdo de Escazú, que podría frenar la iniciativa y encender un debate judicial imponente.
En el corazón del debate legislativo que está sacudiendo a la patria, la Cámara de Diputados volvió a meter mano este miércoles en la Ley 26.639, esa que cuida con bandera la preservación de los glaciares y su entorno periglaciar. Justo cuando parecía que el Ejecutivo tenía la soga al cuello para aprobar un proyecto que achica la protección actual, apareció el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional con mucho peso que amenaza con enfriar las ansias oficiales.
Este proyecto piensa dejar de lado a muchos glaciares, protegiendo solo a los que superan cierto tamaño y figuran en un inventario oficial. Así, se abriría la puerta para que actividades industriales, sobre todo la minería de cobre y oro, hagan pie en suelos congelados de la cordillera. Pero ojo: no es tan fácil. El Acuerdo de Escazú, firmado por Argentina en 2018 junto a otros 16 países en Costa Rica, está pensado para que ningún gobierno barra para atrás sin fundamentos claros y la opinión pública debe ser escuchada antes de tomar decisiones que ensucien el ambiente.
La traba principal está en el llamado Principio de No Regresión, que impide que las normas ambientales retrocedan sin justificación técnica excepcional. El Gobierno, con la mirada puesta en dólares y puestos de trabajo, insiste en que la ley protege demasiado y le pone un freno a inversiones que nuestros vecinos, como Chile, sí aprovechan. Por eso, mientras trata de meter la reforma, se topa con una oposición que no afloja y con sectores sociales que ya miran de reojo la probable judicialización.
Si la reforma se aprueba a las apuradas, cualquier ciudadano podría saltar a la Justicia para frenarla al toque. Por eso mismo, los legisladores deben entrar en detalles técnicos que ni el Ejecutivo esperaba debatir y poner sobre la mesa las tensiones entre las provincias mineras que presionan para avanzar y las cordilleranas que dependen del agua de los glaciares para no quedarse sin la cuchara a largo plazo.
En definitiva, la Ley de Glaciares está en plena tormenta y el Acuerdo de Escazú se planta firme como un guardián que no deja pasar cualquier cosa. La pulseada se pone cada vez más picante y parece que, en esta historia, nadie quiere perder la posta sobre cómo cuidar el tesoro natural de nuestra montaña.