CTERA lanza paro nacional y el inicio de clases 2026 está en el aire

La batalla por el inicio de clases 2026 se juega cuerpo a cuerpo y con mucha tensión. El viernes pasado, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tiró la primera señal fuerte: paro nacional docente el 2 de marzo. La movida incluye movilizaciones, acampes y caravanas que cruzarán todo el país buscando que el Gobierno convoque urgente a la Paritaria Nacional Docente y otorgue un aumento salarial que no se quede atrás de la inflación.

Pero la cosa no termina ahí. Los sindicatos educativos agrupados en la CGT, con la Unión Docentes Argentinos (UDA) a la cabeza, vienen con los tapones de punta y ponen en alerta: "corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias". La crítica también pegó fuerte sobre el presupuesto: señalan que la educación pública atraviesa una crisis seria y que la plata está floja.

En un congreso extraordinario, CTERA, bajo la conducción de Sonia Alesso, exigió no solo aumentos, sino también la urgente sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Piden la vuelta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un empujón al presupuesto educativo. Además, rechazaron con firmeza cualquier reforma laboral regresiva y los proyectos que apuntan a mercantilizar la educación.

Los docentes también demandaron mejores condiciones de trabajo: infraestructura decente, recursos para las clases, una conectividad que acompañe y la defensa a capa y espada de los regímenes jubilatorios. El congreso dejó picando la cuestión del controvertido proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno de Javier Milei, y decidieron salir con todo durante marzo para informar al público sobre lo que realmente implica y las consecuencias que podría traer a la educación pública.

Por su parte, en un comunicado conjunto, la UDA, liderada por Sergio Romero, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), a cargo de Fabián Felman, reiteraron la cautela: si el Ejecutivo no abre las puertas a la negociación, el conflicto se va a enredar aún más y el ciclo lectivo puede sufrir las consecuencias. La crisis presupuestaria pone a la educación pública contra las cuerdas y a los maestros con salarios que rozan niveles de indigencia.

Además, apuntaron a las leyes derogadas que antes garantizaban inversiones esenciales para el sistema educativo y la educación técnico profesional, entre otras. Sin ese respaldo legal y financiero, la calidad educativa se resiente y la brecha social se agranda, afectando a miles de estudiantes y sus familias.

Los sindicatos gremiales ven en la paritaria la única herramienta para garantizar paz y diálogo, y cuestionan con firmeza cualquier intento de reforma educativa que ponga en jaque el sistema vigente. Concluyen que lo que está en juego no solo son las condiciones laborales y salariales de los docentes, sino también el futuro de la enseñanza pública en todo el país.