Jorge Toro, juez de menores en San Juan: "Bajar la edad no va a bajar el delito juvenil"

En pleno debate sobre la posible baja de la edad de responsabilidad penal, el juez penal juvenil de San Juan, Jorge Toro, salió al ruedo con una postura firme y crítica. Para este magistrado, la discusión vuelve a girar solamente en torno a castigos, dejando de lado el problema de raíz: la ausencia de políticas públicas efectivas para atender la vulnerabilidad de los pibes y pibas.

"Se perdió otra vez la oportunidad de debatir en serio qué vamos a hacer con estos chicos", aseguró Toro, dejando en claro que su ámbito de acción comienza cuando un menor de 18 años está imputado de algún delito, contravención o falta. Explicó que incluso cuando un chico es inimputable y se cierra el proceso penal, aparecen otras señales de alerta como abandono escolar, consumo problemático y familias sin contención.

El juez remarcó que bajar la edad de imputabilidad no tendría un impacto real en la seguridad. "La incidencia del delito juvenil en el total es muy baja, no llega al 1%", afirmó en Radio Sarmiento. Precisó que anualmente entre ambos juzgados intervienen alrededor de 700 a 800 jóvenes implicados en hechos delictivos, de los cuales el 75% no vuelve a reincidir.

Sin embargo, destacó que existe un grupo duro —aproximadamente el 10%— que repite conductas y ya es conocido por el Estado: escuelas, organismos de niñez, programas de adicciones y Justicia. "Ese chico que reincide ya fue detectado por todos los organismos. Lo conoce Educación, lo conoce la Dirección de Niñez, lo conoce el sistema de salud. El problema es que no logramos articular", remarcó.

Respecto a los delitos graves cometidos por adolescentes, puntualizó que en sus 13 años como juez intervino solo en un caso de homicidio protagonizado por un menor de 16 años. Sumando ambos juzgados, los hechos de mayor gravedad en esa edad no superarían los cuatro o cinco en más de una década.

"Cuando hablamos de homicidios o violaciones cometidos por chicos de 14 o 15 años, la incidencia es bajísima", subrayó. Y agregó que estos delitos de jóvenes de 14 y 15 años representan cerca del 25% del total de hechos atribuidos a menores de 18, siendo casi insignificante la participación de quienes están por debajo de esa edad.

Sobre la reforma, Toro advirtió que podría darle más protagonismo a la Justicia en detrimento del Ejecutivo, que debería diseñar políticas preventivas. "Los jueces no somos buenos para crear políticas públicas", sentenció, recordando el fracaso del viejo sistema del patronato y advirtiendo que crear más institutos podría generar más exclusión.

El magistrado destacó que el delito en adolescentes generalmente aparece luego de la deserción escolar y en contextos familiares complicados, sumado al consumo de sustancias. "Nadie va a la casa de ese chico a preguntar qué pasó. Ahí debería intervenir el Estado", señaló.

Consultado sobre si un joven de 14 años comprende la criminalidad de sus actos, dijo que "puede entender que está mal lo que hace, pero no tiene plenamente desarrollada la capacidad de controlar impulsos". Citó además recomendaciones internacionales que desaconsejan bajar la edad penal.

Finalmente, reconoció el sufrimiento de las víctimas y la demanda social de castigo, pero destacó que la pena debe ir más allá y enfocarse en la resocialización. "Si de verdad nos importa la víctima, necesitamos mejores dispositivos de acompañamiento y contención", afirmó.

Para Toro, la solución no está en la cárcel ni en la modificación de la ley, sino en fortalecer las familias, las escuelas, los clubes y las comunidades, que son los principales factores protectores. Cerró diciendo: "Si no generamos herramientas reales para abordar la vulnerabilidad, bajar la edad será apenas una anécdota. El delito juvenil no va a bajar solo por modificar un número en la ley".