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Reforma laboral

Casa Rosada se pone firme y activa el protocolo antipiquetes para la marcha sindical

Con la CGT y las CTA en pie de guerra, el Gobierno coordina un operativo con fuerzas federales y la Policía porteña para evitar cortes y desmanes frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral.

Casa Rosada se pone firme y activa el protocolo antipiquetes para la marcha sindical

En estos momentos, desde Casa Rosada afinan los últimos detalles del operativo que se montará para la movilización convocada por la CGT, las dos CTA y varias organizaciones políticas y sociales, que rechazan con todo la reforma laboral que está por debatirse en el Senado. Desde el oficialismo no andan con vueltas: el "protocolo antipiquetes" va a estar activo y sin excepciones para impedir que se realicen bloqueos o cortes que perjudiquen a la circulación.

El operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la batuta de Alejandra Monteoliva, armará un comando unificado con fuerzas federales, mientras que la Policía de la Ciudad se encargará de escoltar a los manifestantes en su recorrido. Las fuerzas nacionales, en tanto, mantendrán plantadas las banderas en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina para controlar la situación.

Desde el Gobierno, a la vez, le tiran con todo a la dirigencia sindical: dicen que "un grupo de sindicalistas eligió mantener intereses sectoriales y privilegios a costa de perjudicar al conjunto de los argentinos". Los funcionarios defienden la reforma asegurando que apunta a regularizar a los trabajadores informales, apoyar a las pymes y darle una mano a los jóvenes que hoy ven complicado insertarse en el laburo formal.

En Casa Rosada insisten que actualmente el 50% de los trabajadores —alrededor de cinco millones de personas— están en la informalidad, sin acceso a derechos básicos. Además, remarcan que hace doce años que la cantidad de trabajadores registrados se mantiene prácticamente igual y que el país tiene uno de los niveles más bajos de creación de empresas en América Latina, calculado por cada 100.000 habitantes. Para redondear, Argentina está entre los tres con mayor presión impositiva en la región.

Según los voceros oficiales, "la modernización laboral no quita derechos, viene a resolver estos problemas estructurales". Y no dudan en cargar contra la dirigencia sindical, a la que le reprochan que "se oponen pero no presentan soluciones" ante la informalidad.

Así las cosas, el oficialismo trata de mostrar que va a caminar firme por dos sendas: avanzar sin vueltas en el debate parlamentario y al mismo tiempo asegurar —con su idea de orden— que la jornada política no se convierta en un caos en la vía pública, en una jornada que promete ser de alta tensión.

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