Viñateros sanjuaninos le plantearon a Orrego una emergencia para salvar el precio de la uva

Los productores de uvas de San Juan están al rojo vivo y no se guardan nada. La Asociación de Viñateros Independientes se juntó con el gobernador Marcelo Orrego para ponerle al tanto de la dura situación que atraviesa el sector y pedir la mano del Estado para subir el precio que les pagan por la fruta tan preciada.

En la reunión también estuvieron de la partida miembros de la Federación de Viñateros y la Mesa Vitícola, todos con la misma preocupación: la crisis como pocas en los últimos 50 años. Llevaron un informe con números fresquitos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que no dejan lugar a dudas.

Resulta que entre 2022 y 2025 la cosecha anduvo por un promedio anual de 18,25 millones de quintales de uva, con una elaboración promedia de 10,47 millones de hectolitros de vino y 3,07 millones de hectolitros de mosto. Pero ojo, el consumo –ya sea acá o afuera– fue menor a la producción, generando un stock extra de casi un 5%. Parece equilibrado, pero esa estabilidad es pura fachada.

Los viñateros apuntan a un factor que les cortó las alas: la liberación anticipada de los vinos nuevos, que pasaron del 1 de junio a marzo. Según el informe, este adelantamiento volcó al mercado un sobrestock de 2,3 millones de hectolitros, lo que detuvo la rueda y dejó a las grandes bodegas sin ganas de pagar un mango por la uva.

"Si se hubiese mantenido la fecha de liberación al 1 de junio, estimamos que el precio de la uva habría sido al menos un 50% superior al que finalmente se pagó", subrayaron con preocupación.

Para entender la severidad, el kilo de uva Cereza se pagó en 2024 a razón de 220 pesos, mientras que la Chardonnay alcanzó los 450 pesos. Pero ajustado por inflación, esos números tendrían que estar muy por encima: 475 y 973 pesos respectivamente, y tomando la cosecha pasada, la caída es más picante todavía.

Los expertos aseguran que la caída real ronda un 120% en los últimos dos años. Entre las causas, mencionan la desregulación del sector, la falta de control sobre la producción, un atraso cambiario que le sacó cerca del 30% al mercado externo, y el bajón en el consumo interno por menor poder adquisitivo y otros factores sociales.

¿Qué piden? Que se vuelva a la fecha de liberación original, esta vez proponiendo el 1 de agosto para evitar desbordes; precios justos de 500 pesos para uvas comunes y 1000 para las finas; crédito fiscal para compensar el atraso cambiario; alivios impositivos bien merecidos; y una reformulación profunda para enfrentar no solo esta crisis, sino también la problemática hídrica que amenaza al sector.

Firmaron esta bandera de lucha el vicepresidente, enólogo Rafael Vargas, y el presidente, ingeniero Juan José Ramos, quienes remarcaron que sin intervención del Estado, el vitivinícola sanjuanino podría llevarse la peor parte de esta mala racha.