Baja de la edad de imputabilidad: una jueza sanjuanina pone la lupa en el debate

Se armó un revuelo en la agenda pública porque vuelve a sonar fuerte la idea de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, y no sólo está en juego el derecho penal, sino también la educación, la sociedad y hasta la guita que se necesita para bancar todo esto. La idea es reformar el régimen penal juvenil desde cero, apuntando a un enfoque centrado en la responsabilidad de los pibes, poniendo el ojo en la educación, la reinserción y la tan mentada resocialización.

Lo importante del proyecto es que prohíbe que los adolescentes estén detenidos junto con adultos y establece que la privación de libertad sea en institutos especiales, con control judicial y evaluaciones técnicas permanentes. La jueza penal juvenil María Julia Camus fue muy clara en TELESOL: "Estamos hablando de una ley de la época de la dictadura que no respeta tampoco ni los paradigmas internacionales que existen en el tema", y agregó que la normativa vieja "se basaba en considerar al niño como un objeto de protección, sin reconocerlo como sujeto de derechos".

Pero ojo, aclaró que bajar la edad de imputabilidad no es cualquier cosa: "La imputabilidad tiene que ver con la capacidad de comprender lo que hago, las consecuencias de lo que hago, y con la voluntad de decidir entre hacerlo o no". Hoy Argentina es de los pocos países que tiene la edad más alta en la región para este tema, mientras la mayoría la ubican entre los 12 y 14 años, según la magistrada.

¿Habrá más violencia con los pibes metidos en estos quilombos? Según los números que compartió, la cosa no es para exagerar: "UNICEF marca que solamente el 2% de los chicos entra en conflicto con la ley". Y aunque hay casos graves, confesó que son la excepción: "En 13 años hemos tenido entre 6 homicidios cometidos por menores. Es terrible para las familias, pero estadísticamente no es significativo en relación con la totalidad de los delitos".

El proyecto también pone límites a las penas: queda afuera la prisión perpetua para adolescentes, el máximo es de 20 años de encierro, y después de dos tercios de la condena se pueden aplicar penas alternativas bajo supervisión judicial. Pero Camus pone el freno y dice que hoy nuestro país no está listo para semejante cambio: "Si bajamos la imputabilidad, necesitamos más institutos, más profesionales y más presupuesto".

Sobre la resocialización, la jueza subraya que no depende sólo del Poder Judicial: "La resocialización no tiene que ver únicamente con la pena, sino con la familia, la escuela, los talleres, el deporte y el acompañamiento de otros organismos". Y le tira un palito a los que piensan que apretar las penas es la solución a la inseguridad: "No creo que la seguridad pase porque la pena sea más dura. La seguridad es política de prevención".

Para ella, la receta tiene que llevar educación, presencia del Estado y fortalecer a las familias. En sus palabras finales, deja una reflexión que cuesta pasar de largo: "La sociedad civil, con solidaridad y valores, va a responder mucho mejor que un Estado con una pena más dura". Y cierra con un dato para pensar: "Son muy pocos los chicos que delinquen, pero el daño que causan es real. El desafío es cómo respondemos como sociedad".