Suelditos de lujo en el Tribunal de Cuentas: cuánto le sale al Estado el control del gasto público

Según lo que difundieron varios medios en la provincia, los sueldazos de los principales peces gordos del Tribunal de Cuentas de San Juan son un verdadero lujo. Una planilla oficial que se filtró en noviembre del año pasado, que corresponde a las remuneraciones de octubre de 2025, revela que los ingresos netos de la crema de la crema van desde los $6,5 millones hasta un techo de $10,84 millones por mes.

Por ejemplo, el presidente del Tribunal, Pablo García Nieto, embolsó en octubre un total de $9.726.304,38 netos, mientras que el que menos facturó dentro de la mesa chica, el vicepresidente Elio Ramón Frack, cobró igualmente unas 6 lucas con monedas: $6.538.456,38 netos.

En cuanto a la sala de vocales, Juan Flores, titular de la Vocalía II, sumó casi 10 palos: $9.975.959,33, pero el número uno en el ranking fue Enrique Edgardo Conti con sus imponentes $10.846.692,31 netos. No muy atrás quedó Daniel Pérez Celedón de la Vocalía IV, que cobró $10.542.920,17 ese mismo mes.

Gente ligada al Tribunal contó, al pasar, que estos montos no cambiaron últimamente ni por casualidad, porque el esquema salarial rige desde hace tiempo y nadie parece querer mover un dedo.

El costo para el Estado en números brutos también impresiona: el total de asignaciones con aportes ronda los $59.383.637,63. Para ponerlo en criollo, el organismo le cuesta al Estado más de 59 palos cada mes, de los cuales medios 47 palos son lo que realmente meten en el bolsillo estos mandamases, luego de los descuentos por aportes y demás.

La diferencia de casi 12 palos entre bruto y neto marca el impacto financiero real en las cuentas públicas, y representa alrededor del 20% del gasto total.

El Tribunal de Cuentas no es cualquier entelequia: según la Ley Orgánica 1100-E, su función está clarita. Controla la legitimidad del uso del dinero público desde que entra al Tesoro, repasando a funcionarios de todos los poderes, entes municipales y hasta instituciones privadas que reciban fondos públicos, pero no se mete en la gestión misma.

Y un detalle clave para entender esta movida: el artículo 25 inciso B de la ley estable que el sueldo de los integrantes del Tribunal es igual al de un juez de cámara del Poder Judicial de la provincia, un argumento que suelen tirar para explicar por qué estos haberes son tan altos.

Cada año, el Tribunal tiene la obligación de rendir cuentas ante la Cámara de Diputados y presentar su memoria institucional antes del 31 de marzo, aunque con estos números dando vueltas, el debate público ya está servido. En épocas donde se habla de ajuste y eficiencia estatal, nunca está de más preguntarse si este desembolso millonario para controlar el gasto está en línea con las prioridades provinciales y la transparencia que el pueblo exige.