Gobierno extiende emergencia en gas y abre la puerta a privados para importar GNL

Este lunes, el presidente Javier Milei y su equipo firmaron el Decreto 54/2026, que prorroga el estado de emergencia en el transporte y distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027. La medida, publicada en el Boletín Oficial, no solo extiende la emergencia sino que también mete un volantazo: permite por primera vez que operadores privados importen y comercialicen Gas Natural Licuado (GNL), algo que antes estaba reservado exclusivamente a Energía Argentina S.A.

El nuevo esquema transitorio contempla un proceso competitivo para elegir a un comercializador privado que se encargará de abastecer durante los dos próximos inviernos, buscando asegurar el suministro cuando la demanda se pone brava y, además, bajar los costos que trae aparejado el sistema estatal actual.

Mediante el decreto, se establece también un techo para el precio del GNL regasificado, basado en un marcador internacional, más un adicional en dólares por millón de BTU para cubrir gastos logísticos. Esta tarifa tendrá que pasar por la lupa de la Secretaría de Energía, que con el ENARGAS y el Ministerio de Economía serán los encargados de velar por su correcta aplicación.

Por supuesto, si el proceso competitivo no da frutos, Energía Argentina quedará a cargo de seguir importando, regasificando y vendiendo el GNL. Además, el acceso a la única terminal operativa en Escobar deberá coordinarse de manera colaborativa para evitar líos operativos o técnicos.

La decisión se sustenta en la persistencia de problemas estructurales en la red de transporte, sobre todo en los gasoductos que conectan la Cuenca Neuquina con los grandes centros de consumo como el Área Metropolitana de Buenos Aires y la región litoral, cuyos arreglos recién llegarían para el invierno del 2027.

Durante los meses más fríos, el país sigue dependiendo del GNL importado para que no falte gas en las casas y para mantener al día la generación eléctrica en las centrales térmicas. El decreto reconoce que el esquema estatal tuvo altos costos y no pudo hacer grandes arreglos estructurales, por eso apuestan a meter competencia privada para lograr mayor eficiencia.

Esta norma entró en vigencia tan pronto salió en el Boletín Oficial y ya fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, respetando lo que manda la Ley 26.122 para los decretos de necesidad y urgencia.