Las cárceles del país explotan: la población reclusa llega a un récord histórico
El sistema penitenciario argentino cerró 2024 con más de 121 mil detenidos y un aumento en el nivel de hacinamiento nunca antes visto en los últimos 25 años.
Al cierre del año 2024, las prisiones argentinas albergaban a 121.443 personas privadas de la libertad, marcando una tasa de 258 cada 100.000 habitantes, el pico más alto en la historia de nuestro país. Según el reciente informe "La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina. Año 2024", elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la población carcelaria creció un 7,1% en el último período, superando el promedio anual del último cuarto de siglo.
La ocupación alcanzó un asfixiante 130,2% de la capacidad total del sistema, es decir, donde podían entrar 100 personas, ahora se amontonan 130. Provincias como Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán ampliaron sus unidades para aliviar el hacinamiento, trasladando detenidos desde comisarías, aunque sin lograr reducir la cantidad encarcelada en esas fiscalías donde la situación apenas tocó una meseta.
¿Y qué provincia es la peor de todas? Córdoba lidera con casi 377 detenidos cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267), cifras que ponen a estos distritos en el ojo del huracán debido al colapso carcelario.
El CNPT pone en alerta sobre no confiar únicamente en expandir la infraestructura penitenciaria. Detrás del problema están asuntos serios: el abuso de la prisión preventiva; el aumento de condenas cortas; leyes cada vez más duras; jueces que rehúyen alternativas a la prisión y reformas legales que complican aún más el panorama.
En cuanto a prisión preventiva, el número no para de crecer. En solo tres años, los procesados pasaron de 43.191 en 2022 a 45.305 en 2024, sumando un 5% más. Curiosamente, las mujeres y personas trans padecen incluso mayores niveles de prisión preventiva que los varones.
Por otro lado, un dato para reflexionar: el 17% de quienes están condenados cumplen penas de hasta tres años, delitos de escasa gravedad como hurto, robo simple y estafa. En 2022, esta cifra era del 13,5%. La ejecución de estas penas leves sigue en alza, cuando muchas podrían ser sustituidas por medidas alternativas, pero no se implementan.
El informe también señala que el 62% de los presos ya tienen condena firme, mientras el 37,3% están procesados sin sentencia definitiva. Si bien la proporción de condenados aumentó y la de procesados disminuyó en los últimos dos años, la realidad es que la cantidad absoluta de presos preventivos sigue en ascenso.
Por último, se destaca la situación de 256 personas con problemas de salud mental alojadas en prisiones bajo medidas de seguridad curativa, un grupo vulnerable que enfrenta severas violaciones a sus derechos y un abordaje de salud deficiente o ausente, cuando el sistema penitenciario prioriza la seguridad por sobre el tratamiento.
