Presupuesto 2026: las partidas no incluyen leyes claves para discapacidad y universidades y generan polémica
El reparto de fondos hecho por el Jefe de Gabinete no contempla asignaciones para las leyes que financian discapacidad y educación superior. El Congreso aumentó el gasto pero no modificó el proyecto original enviado por el Ejecutivo, que mantiene la asignación de recursos inicial.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó esta semana el reparto de créditos presupuestarios para 2026, pero ojo que no incluyó las partidas para las leyes de Emergencia en Discapacidad ni para el Financiamiento Universitario, entre otras cosas que preocupan a más de uno, según el informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).
No se trata de un capricho de Adorni, sino que el Congreso introdujo un aumento del gasto equivalentes al 0,56% del PBI pero se olvidó de actualizar las partidas específicas en el proyecto original del Presupuesto que sancionaron tal como lo mandó el Poder Ejecutivo. Según el informe, el proyecto inicial del 15 de septiembre no cambió sus cifras a pesar de que durante el debate legislativo hubo modificaciones que implican mayor gasto. "Este Presupuesto fue sancionado sin introducir modificaciones en las partidas originalmente previstas en el Proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre, aun cuando durante el tratamiento legislativo se realizaron cambios que implican nuevos gastos", detalla el documento.
La ASAP advierte que el financiamiento de estas políticas quedaría sujeto a eventuales ajustes durante el año, especialmente para cumplir con el artículo 1º que exige un resultado financiero equilibrado o superavitario. Además, cabe destacar que el Capítulo 11 del proyecto original del Ejecutivo pedía derogar ambas leyes. Si el Congreso no hubiera sacado ese pedido, los gastos estarían contemplados oficialmente con sus partidas correspondientes.
En la actualidad, un juez obligó al Gobierno a tomar medidas para respetar el mandato congresal en discapacidad. Mientras tanto, el Ejecutivo cuestiona ambas leyes y busca no implementarlas alegando una supuesta inconstitucionalidad, ya que fijan gastos sin establecer de dónde salen los fondos.
Para poner más leña al fuego, el Gobierno planea bajar los aportes patronales en medio punto del PBI y reducir el Impuesto a las Ganancias para empresas en 0,33 puntos del PBI, dentro de la Reforma Laboral que se discutirá en febrero. En suma, está dispuesto a bancar esos recortes impositivos a las empresas, pero no a afrontar los gastos extra que no fueron previstos en su agenda económica.
Sobre el reparto de dinero, la Administración Pública Nacional (APN) arrancará 2026 con ingresos previstos que bajan un 12% real respecto a 2025, mientras los gastos sufrirán un recorte de casi 5%. En 2025, la APN contó con ingresos totales de $134,5 billones, con $73 billones provenientes de impuestos y $40,8 billones de la Seguridad Social. Para 2026, espera ingresos por $147,9 billones, un aumento nominal del 10%, pero una caída real del 12,7% por la inflación prevista según el REM.
El Presupuesto pronostica un crecimiento del PBI del 5% y una inflación del 10,1%. En esos papeles, los ingresos impositivos alcanzarían $90 billones y la Seguridad Social $47,6 billones, aunque en términos reales ambos caerían. Sin embargo, la realidad podría ser otra porque la inflación y el PBI nominal darían más recaudación de la prevista.
En cuanto a los gastos, están presupuestados en $148,1 billones, con un aumento nominal del 20% pero una caída real del 4,9%. Los números indican un equilibrio económico, aunque el ajuste por inflación llevará a apretar aún más el gasto que no se indexa.
