El Gobierno pone a resguardo y digitaliza la prueba del Acueducto antes de mandarla a la Justicia

En el ojo de la tormenta judicial y política, el Gobierno provincial se puso las pilas y empezó esta semana una tarea crucial: digitalizar todo el archivo relacionado con el Acueducto Gran Tulum, la megaobra que prometía aliviar la sed de más de un millón de sanjuaninos. Esta movida es para cuidar la documentación antes de mandarla derechito a la Justicia, y la encargada de hacerla realidad es la Escribanía Mayor de Gobierno.

Los expedientes, llenos de papeles gordos sobre la licitación y ejecución de la obra, están bajo la lupa porque el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Complejos, los pidió tras una denuncia que presentó en diciembre Marcelo Arancibia. Él apunta a posibles chanchullos durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac. Y para darle fuerza al asunto, el gobernador Marcelo Orrego tiró la orden directa de juntar toda la prueba cuanto antes.

La semana empezó con reuniones entre funcionarios del Ejecutivo, Obras Sanitarias (lo que antes era OSSE) y la Escribanía Mayor, que será la que certifique que las copias digitales son un calco exacto de los originales en papel. Desde Gobierno aclararon que esta intervención notarial es vital para que los archivos tengan la misma validez legal y así puedan usarse con toda tranquilidad en la Justicia o en cualquier trámite administrativo.

Además, una copia de ese material digitalizado servirá para que Obras Sanitarias termine de armar el informe que debe presentar en la Cámara de Diputados, donde este tema viene siendo analizado desde hace rato por el oficialismo.

La causa gira en torno a supuestas irregularidades durante la licitación, sobre todo en la compra de los caños que deberían garantizar el abastecimiento de agua potable. Se sospecha que la licitación pudo haber estado armada para favorecer a la firma KRAH América Latina SA, relacionada con el empresario Gustavo Monti, que no es ningún desconocido: es primo del mismísimo Uñac. También se investiga si los caños que pusieron son defectuosos y si eso causó un perjuicio económico grande para el Estado.

En la denuncia, Arancibia pidió que se investiguen delitos graves, como malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles, cohecho, tráfico de influencias y fraude al Estado, hechos que podrían haber ocurrido entre 2015 y 2023. Y para poner más leña al fuego, esta misma semana amplió la denuncia para que también se investigue al ex presidente de OSSE, Sergio Ruiz, que estaba a cargo del organismo cuando se aprobaron esos materiales cuestionados.