La Justicia apura al Estado para poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, metió presión al Ejecutivo y le impuso un plazo perentorio de cinco días para que rinda cuentas sobre cómo avanzan los trámites administrativos para cumplir con una sentencia vinculada con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta acción judicial viene de un amparo colectivo iniciado por una madre que representa a sus hijos y donde también participan otros actores, entre ellos la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores.

En la resolución, el magistrado no se anduvo con vueltas: exigió que el Ministerio de Salud y los organismos involucrados presenten documentación concreta que confirme el estado del expediente. Además, les pidió que respondan puntualmente los planteos de estos actores sociales para que no quede nada en el tintero.

¿La fecha clave? El 4 de febrero de 2026 es el día en que esta ley tiene que estar totalmente en marcha, sin chicana que valga, aunque la instancia superior todavía no dicte una resolución final. La cuenta oficial empezó el 18 de diciembre pasado, cuando el juez concedió la apelación del Estado pero con efecto devolutivo, o sea que no se frenó la ejecución de la sentencia.

Este lío se armó porque, tras la obligatoriedad de promulgar la ley luego de que el Congreso rechazara el veto del Ejecutivo, el Gobierno sacó el Decreto 681/2025 que frenaba la aplicación de la norma. La excusa oficial fue la falta de detalles sobre financiamiento para afrontar los nuevos gastos. Pero esta movida no cayó bien y derivó en una demanda colectiva que fue creciendo hasta el nivel nacional.

Finalmente, el 12 de diciembre el juez declaró inválido el artículo del decreto que suspendía la ley porque la Casa Rosada había pisado fuerte el terreno que le corresponde al Congreso, y tildó de "falaz" la excusa económica: la ley en sí le permitía al jefe de Gabinete reasignar partidas para cubrir los costos.

Mientras la Cámara Federal de San Martín analiza el recurso que presentó el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, para frenar esta implementación inmediata, la sentencia sigue vigente y debe cumplirse. A principios de enero, la Procuración notificó que había iniciado gestiones para la puesta en marcha, aunque aclaró que no es una tarea rápida y que requieren tiempo para ajustar los mecanismos del Estado.

Con la presión del juez metida en el pecho, el Gobierno tiene ahora cinco días para informar y demostrar con papeles cómo avanzan esos trámites, o se enfrentará a sanciones. El sector de discapacidad está atravesando un momento crítico: los aumentos de precios superaron el 114% mientras que los pagos a prestadores de servicios apenas subieron un 42,6%, lo que generó una caída del 51% en el poder adquisitivo y provocó cierres y suspensiones de tratamientos vitales.

La Ley de Emergencia busca justamente mejorar el financiamiento de las prestaciones básicas y las pensiones para quienes lo necesitan. Entonces, no queda otra para el Gobierno: tienen hasta el 4 de febrero para demostrar que están en la cancha y cumpliendo con la Justicia y los derechos de los más vulnerables.