Las cifras bajan en accidentes laborales pero las demandas judiciales vuelven a pegar fuerte

En nuestra querida Argentina, el sistema de riesgos del trabajo da señales encontradas que ameritan un ojo atento. Por un lado, las estadísticas son auspiciosas: cada vez menos accidentes y menos casos graves en los ámbitos laborales. Pero, ¡aguantate!, porque la guerra judicial está más viva que nunca y cada año que pasa, las causas se repiten y hasta superan las de épocas anteriores a las reformas.

El informe del Ieral no miente: a mediados de los 90, por cada 1.000 laburantes, había unos 75 percances y enfermedades por el trabajo, y hoy esa cifra se redujo casi a la mitad. Sin embargo, los accidentes que pasan en el viaje de ida y vuelta al laburo (los llamados in itinere), subieron de 7 a 18 cada 1.000 trabajadores. Esto muestra que, aunque las empresas ponen garra en prevenir, hay factores externos que siguen generando problemas.

¿Y las muertes? Cuando arrancó la onda de la Ley de Riesgos del Trabajo en 1997, morían 158 laburantes por millón en su lugar de trabajo; hoy esa cifra bajó a 34. Una bajada notable, equivalente a haber salvado cerca de 18.700 vidas en 26 años, ¡una banda! En los accidentes in itinere también hubo mejoría, con una caída a 30 fallecimientos por millón, aunque menos brillante.

Pero la cuestión se complica cuando miramos la montaña de juicios. Tras la Ley 27.348 de 2017, que supuestamente debería haber calmado las aguas, hubo un freno corto. Después de la pandemia, las causas judiciales volvieron con todo y en 2024 rozaron los 124.000 juicios, números que recuerdan a 2017. El informe del Ieral lo explica claro: "Sacando del medio la pandemia, se puede decir que a la judicialidad le tomó apenas tres años retornar a los niveles previos a la sanción de la ley". Y los primeros meses de 2025 dejan en claro que la suba sigue firme.

Lo más llamativo es que la mayoría de esos juicios no tienen que ver con lesiones graves: en 2023, el 64% de las sentencias estaba relacionado con discapacidades menores al 15%, y el 96% con incapacidades de hasta 30%. Apenas un 4% superó ese límite y el 1% tocó discapacidades muy altas. El Ieral apunta: "El sistema judicial no está actuando para remediar anomalías en la reparación de incapacidades graves" y que esos casos ya están cubiertos por el sistema sin necesidad de llegar a juicio.

Por otro lado, las enfermedades profesionales son una trampa común: el 43% termina judicializado, contra un escaso 8% de los accidentes de trabajo e in itinere que hacen lo propio. Esta realidad es constante en varias provincias, dejando claro que la ley logró frenar un poco la litigiosidad, pero no cambió su esencia.

La cosa no termina ahí: en Capital Federal, Santa Fe y Mendoza, cerca del 17% de los siniestros lleva a un juicio, pero en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén esa tasa baja al 8%-11%. Provincias como Entre Ríos, Río Negro o Tierra del Fuego ni llegan al 4%, y en algunas apenas superan 1%. ¿El motivo? Choques en los criterios de evaluación de daño, ya que muchas veces las pericias judiciales no están a tono con lo que dicta la normativa oficial.

El volumen de causas acumuladas pasa las 300.000 y, aunque cada una se trate de demandas por incapacidades bajas, juntas generan un impacto enorme que pone en jaque la viabilidad económica del sistema. Según estimaciones, los costos judiciales representan el 1,2% de la masa salarial, casi la mitad de lo que se recauda en riesgos del trabajo.

Así las cosas, mientras el laburo en prevención sigue dando resultados y las tragedias se reducen, la batalla judicial vuelve a calentar el escenario, convirtiéndose en un dolor de cabeza para el sistema de riesgos laborales en Argentina.