A 11 años del caso Nisman, la Justicia vuelve a meter la lupa en inteligencia ilegal y encubrimientos

Ya pasaron más de once años desde aquel fatídico día en que Alberto Nisman apareció sin vida en su departamento de Puerto Madero, pero el expediente no cesa y los últimos movimientos judiciales pusieron otra vez en jaque una de las investigaciones más complejas y delicadas que tuvo el país.

La Justicia apuntala una hipótesis central: que el fiscal fue asesinado por su trabajo, por su rol firme en la pesquisa del atentado a la AMIA y por su denuncia directa contra quienes ejercían el poder político en ese entonces. En este tramo del caso, comenzaron a declarar bajo estricta reserva agentes de inteligencia del Ejército que estaban activos en 2015, buscando reconstruir qué hicieron en aquel fin de semana trágico.

El foco está puesto en un grupo de agentes cuyos teléfonos dieron vueltas por la zona del edificio donde vivía Nisman, lo que despertó sospechas sobre una vigilancia ilegal justo cuando el fiscal estaba preparándose para ampliar su denuncia en el Congreso acerca del Memorándum con Irán. La investigación quiere saber si existieron órdenes fuera de la ley y si se ejecutaron maniobras clandestinas de inteligencia interna.

Además, la causa abrió otro frente: una posible maniobra para desviar la pesquisa y sostener la teoría del suicidio. Según la Justicia, hubo un plan para evitar que se profundizara la hipótesis de un homicidio, y esta línea involucra a ex funcionarios tanto judiciales como políticos, que podrían enfrentar nuevas imputaciones durante la primera mitad de 2026.

Uno de los pasos clave será la declaración indagatoria de Viviana Fein, la primera fiscal que intervino en el caso; está prevista para fines de febrero. Su actuación se pone bajo la lupa para entender cómo se manejó la escena y por qué el expediente estuvo casi dos años apartado del fuero federal.

La pesquisa también apunta a tareas de espionaje ilegal contra la propia fiscalía que investigaba la muerte. Esta sospecha se sustenta en testimonios y cruces telefónicos que revelaron contactos entre altos funcionarios del gobierno de aquellos tiempos, justo después del hallazgo del cuerpo.

Desde 2018, la Cámara Federal confirmó que el fallecimiento de Nisman no fue un suicidio, basándose en peritajes clave realizados por Gendarmería Nacional. Pero todavía quedan sin identificar tanto a los autores materiales como a quien habría ordenado el crimen.

Más de una década después, el caso sigue abierto, con un solo procesado directo, Diego Lagomarsino, por su vinculación con el arma utilizada, mientras que múltiples responsabilidades siguen bajo la lupa. Para los investigadores, la muerte de Nisman, la causa AMIA y el Memorándum con Irán son parte de una misma trama que todavía busca cerrar sus capítulos con respuestas claras y definitivas.