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El ecocidio, en discusión como delito ante los incendios forestales

Tras sofocar los fuegos en los bosques nativos, se abre un debate picante sobre castigos más duros para quienes causan incendios a propósito, incluyendo un proyecto que propone sumar el delito de "ecocidio" al Código Penal.

El ecocidio, en discusión como delito ante los incendios forestales

Las lluvias y la valiente tarea de los bomberos trajeron un respiro bienvenido después de los incendios que azotaron los bosques nativos en Chubut, pero el fuego sigue encendido en el terreno político. La discusión ahora está en cómo darle con todo a los que prenden fuego con mala leche, buscando un castigo que sirva de ejemplo y marque la cancha para proteger el verde sanjuanino y del país.

Ignacio Torres, el gobernador provincial, no se anduvo con vueltas y tiró la posta en la radio: "los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo". Con esta frase, el mandatario puso el ojo en un proyecto que está prendiendo fuego al debate: incorporar la figura del "ecocidio" como delito penal con consecuencias serias para quien arruine ecosistemas vírgenes.

Hoy rige en la Argentina la Ley Nacional 26.815 de Manejo del Fuego, que plantea reglas claras para cuidar los bosques y limita la actividad humana en las zonas afectadas por incendios hasta por 60 años en casos de bosques nativos o plantados y 30 años en pastizales y matorrales. Pero parece que no alcanza.

En este marco, la senadora de Chubut Edith Terenzi dio el puntapié con un proyecto que apunta directo a la eliminación del ecocidio. Define este delito como un daño gravísimo o irreversible al ambiente, que impida que la naturaleza se regenere o provoque un deterioro brutal del ecosistema. Las penas previstas van de 3 a 10 años de cárcel más multas que pueden llegar a 30 salarios mínimos para los que prenden fuego a propósito. Y si el daño es irreversible, el precio sube: prisión de 5 a 15 años y multas hasta 70 salarios mínimos.

Además, el proyecto castiga con fuerza si el culpable es un funcionario público o si el incendio causa muertes, porque acá no se juega con la vida ni con el futuro del ambiente. Así las cosas, mientras los árboles comienzan a respirar de nuevo, la lucha por evitar que la mano criminal vuelva a quemar la tierra está más viva que nunca.

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