Se enciende la polémica: la Justicia pone bajo la lupa al sanjuanino Tapia y el misterio de los autos de lujo

Se abrió otro capítulo más en la intrincada causa por lavado de dinero que salpica a una sociedad vinculada a dirigentes de la AFA. Este miércoles, una gerenta del banco Coinag aportó un testimonio que pone en jaque las versiones oficiales: aseguró ante la Justicia que los fondos de la empresa Real Central eran magros y que de ninguna manera se bancaron con plata del banco la compra de lujos como un Porsche valuado en cerca de 500 millones de pesos.

El dilema se centra en el origen de la plata que sirvió para hacerse con decenas de autos y motos de alta gama, secuestrados en un galpón que forma parte de una quinta millonaria en Villa Rosa, Pilar. La testigo, llegada desde Rosario, fue citada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Cuando la consultaron por un certificado contable que afirmaba que los fondos de la cuenta de Real Central en Coinag cubrieron esa factura, cerró la puerta: "Al momento de la operación, el saldo era mínimo y no apareció ni un mango que justifique semejante gasto".

Del lado de la fiscalización, también remarcaron que por el ritmo de movimientos no ingresó ni un peso que pueda explicar la compra de esos vehículos, un dato que hace sospechar aún más sobre la procedencia real del dinero.

El foco de la pesquisa está en reconstruir cómo se pagaron los 54 autos y motos de alta gama, que descansan en la casaquinta, propiedad a nombre de Real Central —una sociedad integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Conte, jubilada—, que ya fue valuada por expertos en más de 3,8 millones de dólares y sigue bajo custodia estatal.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue que los gastos relacionados con los vehículos, como los peajes, se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano, tarjeta que la Justicia ordenó cancelar a tiempo.

El juez Aguinsky sigue sumando piezas: este viernes busca escuchar a un productor de seguros que manejaba las pólizas de esos vehículos, que aparentemente se pagaban en efectivo, para determinar quién metía la mano en la billetera y con qué plata. Además, se esperan las declaraciones de dos pilotos que operaban en el helipuerto de la millonaria quinta, valuada en torno a 17 millones de dólares.

Mientras tanto, la causa atraviesa un embrollo legal: la Cámara Federal de San Martín encara un conflicto de competencia para decidir si la investigación sigue en manos de Aguinsky o si pasa al fuero federal de Campana, como pide la defensa de Pantano. Hasta que se determine, quedaron pruebas y llamados a testimonios en stand-by, como la citación a empleados de la propiedad y la posible indagatoria de Pantano y su madre, que debía hacerse en diciembre pero se frenó por la estrategia de los abogados.

No es menor que Pantano, ex dirigente del futsal y ex tesorero de Almirante Brown, figure como monotributista y tenía deudas bancarias cuando estalló todo. Su mamá, además, cobró el Ingreso Familiar de Emergencia en plena pandemia.

Lo que llama la atención es el cambio de timón en Real Central: originalmente una empresa con poco movimiento y capital bajo, en mayo de 2024 subió su capital a 58 millones de pesos y poco después compró la quinta donde se incuban estas polémicas. Para los denunciantes, la movida no cierra con los ingresos que declaran Pantano y su madre.

En este contexto, la Coalición Cívica no tuvo pelos en la lengua y denunció que la sociedad podría haber sido un mero escondite para bienes de terceros, encubriendo operaciones de lavado de activos.

Por último, el fiscal Claudio Navas Rial considera ampliar la investigación, sobre todo tras una presentación que involucra ramificaciones internacionales del expediente. En esa línea, el juez Aguinsky citó a declarar el 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, quien apunta a supuestas irregularidades en contratos de la AFA con intermediarios del extranjero.