Ropa usada al ojo con nuevos requisitos: la Aduana se pone firme por los riesgos sanitarios

El Gobierno no se quedó de brazos cruzados y sacó a relucir controles más rigurosos para la importación de ropa usada, una práctica que explotó 40 veces en los primeros ocho meses de 2025, según develó Ámbito. Detrás de esta movida, una comunicación interna de la Aduana anticipa que van a pedir papeles adicionales para las categorías arancelarias vinculadas con estos productos.

Si bien no se prohíbe la operatoria, la intención es meterle un freno importante. Así lo confirma un informe oficial del Ministerio de Salud, que advierte que traer ropa usada puede traer conflictos sanitarios. En ese sentido, se implementará un nuevo documento llamado AUTO-ROPA-USADA que deberá presentarse "al momento de registro de destinaciones aduaneras".

"La medida resulta necesaria para poder evaluar los eventuales impactos que las importaciones de dichas mercaderías pudieran causar en materia ambiental y otros aspectos referidos a la salud pública", señala el informe. La regulación alcanza a las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90, relacionados con ropa usada y prendas similares.

Un vocero ligado a los trámites aduaneros calificó esta jugada como "una forma de frenar la escalada sin prohibir las importaciones, que sería algo incómodo para el discurso del Gobierno en política comercial". Y agregó: "Vamos a ver una caída fuerte en los volúmenes porque estos controles buscan que los trámites sean más complejos, sobre todo ante el riesgo sanitario que puede implicar el producto".

Varias cámaras del rubro textil y de indumentaria ya se habían quejado ante la Secretaría de Coordinación de Producción, encabezada por Pablo Lavigne, tras la publicación de los datos sobre la explosión de importaciones, que encendieron la alarma en diferentes sectores del Estado y motivaron charlas con referentes privados.

El negocio de la ropa usada estuvo prohibido desde 1999 hasta 2022, y ahora vuelve con límites más estrictos. En el comunicado oficial se indica que la Subsecretaría de Comercio Exterior promovió el endurecimiento de controles, impulsado por advertencias del Ministerio de Salud, que subraya riesgos sobre "poblaciones vulnerables, como bebés, niños, ancianos y personas inmunocomprometidas".

Además, este nuevo formulario se suma a los certificados de desinfección que ya se exigían. La ropa usada, en su mayoría procedente de Estados Unidos, llega porque allí está prohibida la incineración, debido a regulaciones ambientales y costos crecientes para deshacerse de ella.

Los distribuidores arman fardos de entre 25 y 50 kilos, que pueden estar organizados por tipo o marca, para luego venderlos a través de redes sociales. Pero para los industriales locales, esta situación no es un juego: más allá del perjuicio económico, se preocupan por el daño ambiental, como el que sufre el desierto de Atacama en Chile, donde se descarta un 40% de la mercadería porque no está en condiciones de venderse.

La industria textil nacional está en crisis: en octubre pasado solo usaron el 33% de su capacidad instalada, el peor registro dentro del sector industrial. Los industriales hablan de un "doble Nelson" por la caída del mercado interno y la apertura comercial rápida, mientras enfrentan impuestos altos, un régimen laboral complicado, falta de infraestructura, aumento de costos y un tipo de cambio desfavorable.

Para colmo, un informe de la Fundación Protejer mostró que el sector lideró la pérdida de empleo registrado privado, con una caída del 12% desde noviembre de 2023 y 14.000 puestos menos en textil, confecciones, cuero y calzado.