El proyecto que le pone un nuevo rumbo a la Ley N° 26.639 y llega al Congreso

El Ejecutivo nacional mandó al Congreso un proyecto para adaptar la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639), con cambios que recalculan el mapa normativo sobre la protección de los glaciares y ambientes periglaciales en Argentina. Aunque no se anula la ley actual, la iniciativa cambia la forma en que se aplica, redefine criterios técnicos y potencia el rol provincial, honrando el artículo 124 de la Constitución que reconoce a las provincias como dueñas originarias de sus recursos.

El texto busca darle más precisión jurídica y operativa a la regulación ambiental, impactando directamente en las actividades productivas, los proyectos de infraestructura y las evaluaciones de impacto ambiental en zonas que tienen una sensibilidad ambiental alta. Vamos con un repaso de los cambios más importantes.

El artículo 1° reestructura el objeto de la ley reafirmando la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua, pero ahora con un enfoque que respeta el uso racional de los recursos por las provincias, equilibrando la protección ambiental con las competencias jurisdiccionales.

El artículo 2° fortalece el Inventario Nacional de Glaciares, que deberá incluir solo aquellas formaciones que cumplen funciones hídricas estratégicas, y aclara que será una herramienta obligatoria de consulta sin interferir con las atribuciones de las autoridades ambientales locales.

Un agregado clave es el artículo 3° bis, que introduce el principio precautorio. Mientras una geoforma esté en el inventario, se asume protegida por la ley, pero si una autoridad ambiental verifica que no cumple funciones hídricas, esa formación pierde protección específica, aunque siga cobijada por la Ley General del Ambiente. Este cambio trae un enfoque más funcional que promete ordenar el panorama.

En el artículo 4°, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) mantiene la responsabilidad sobre el inventario y monitoreo, pero se refuerza la participación de las provincias, que tendrán que informar si detectan nuevas formaciones o si algunas ya inventariadas pierden su función hídrica. Una novedad legal es que no actualizar el inventario no anula autorizaciones provinciales, lo que le da más seguridad a los proyectos.

El artículo 5° conserva las prohibiciones de actividades que alteren la naturaleza de glaciares y ambientes periglaciales, como la contaminación, la minería, hidrocarburos, infraestructura y actividades industriales, pero ahora será la evaluación ambiental la que determine qué acciones causan alteraciones relevantes.

El artículo 6° reafirma la Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria para cualquier actividad en estas zonas, permitiendo además evaluaciones estratégicas en proyectos grandes y garantizando la participación ciudadana conforme a la Ley General del Ambiente.

Por último, el artículo 7° define que cada provincia designará su autoridad ambiental competente, mientras que en parques nacionales la responsabilidad será de la Administración de Parques Nacionales. Las provincias deberán identificar y comunicar al IANIGLA cuáles glaciares tienen funciones hídricas.

Los gobernadores de provincias cordilleranas, incluidos los miembros de la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, respaldan esta adecuación y enviaron una carta al Presidente señalando que la ley actual genera incertidumbre, paraliza inversiones y trae conflictos, sin beneficios proporcionales. Recalcan que la reforma permitirá proteger efectivamente los glaciares con funciones reales, respetando las autonomías provinciales y fomentando el desarrollo productivo y el empleo en regiones mineras y energéticas.

Este proyecto no elimina la ley ni afloja las prohibiciones centrales, pero sí propone un giro más técnico y federal. Ahora la pelota está en la cancha del Congreso, donde se viene una discusión crucial para el futuro ambiental y productivo de nuestras montañas cordilleranas.