La Justicia le pone freno al Ejecutivo y manda a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Javier Milei se las veía bárbaro para patear para adelante la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, respaldándose en que el origen de los fondos no estaba clarito. Pero el juez federal Adrián González Charvay, desde el Juzgado de Campana, les bajó el pulgar y dijo ¡basta! con el artículo del decreto que frenaba la norma. Así, ordenó que la ley se ponga en marcha ya mismo en todo el territorio nacional.

Esta ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025 bajo el número 27.793, había quedado en el limbo por ese famoso Decreto 681/2025 que frenaba su ejecución. La medida judicial reivindica a miles de personas con discapacidad, sus familias, los cuidadores y los servicios, que estaban en un compás de espera incómodo y perjudicial.

La movida judicial comenzó con una demanda de padres de chicos con Certificado Único de Discapacidad, que rápidamente sumaron apoyo de un montón de asociaciones y organizaciones civiles de todo el país. Denunciaron que postergar la ley dejaba sin protección a miles de argentinos, cortando el acceso a tratamientos, educación, salud y hasta a la integración social.

Como respuesta, el Ministerio de Salud tiró el argumento del déficit presupuestario y que meter mano en los fondos sin un plan detallado podía sacar mal parado al Estado. Pero el juez no se amilanó y subrayó que el Congreso ya había autorizado al jefe de Gabinete a mover partidas para financiar la ley. Además, recordó que desde fines de 2023 hubo más de 19 reasignaciones para otras áreas, dejando claro que plata para la emergencia sí hay.

Para González Charvay, suspender una ley que por mandato constitucional debe aplicarse es una barbaridad y una violación clara al principio de legalidad y a la supremacía constitucional. Más dramático, alertó que prolongar esta espera atenta contra la salud y calidad de vida de los más vulnerables: niños y ancianos en situación de discapacidad.

Así, la Justicia puso el pie firme para que la ley no siga congelada y para que esas miles de personas y sus familias tengan al fin lo justo y necesario, dejándole en claro al Poder Ejecutivo que no hay excusas ni para darle vuelta ni para hacer la vista gorda.

La causa tuvo el respaldo de numerosas entidades, como la Asociación Civil Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (Faica) y muchas más, que empujan para que este capítulo termine en un verdadero triunfo social.