Dolor y debate a flor de piel: sanjuaninos divididos frente a la reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal, impulsada por el presidente Javier Milei y presentada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, levantó un polvorín en todo el país. Aquí en San Juan, dos organizaciones que saben muy bien lo que es el dolor por pérdidas violentas tuyas o de sus seres queridos, expresaron sus pareceres, bien encontrados, sobre estos cambios que prometen castigos más duros, pero que también podrían borrar figuras clave, como el agravante por femicidio.

Desde las calles sanjuaninas, Familias Unidas por el Dolor del Femicidio nos muestra su preocupación. Victoria Villalón, tía de Rocío, una joven asesinada en 2013, se remonta a aquella lucha feroz para que se reconozca el femicidio en la ley. "Nos costó muchísimo lograr la condena como femicidio. Teníamos miedo de que lo liberaran, como pasaba en otros casos. Fueron dos años terribles de buscar pruebas para sostener la acusación", contó con la voz que arrastra años de pelea.

Lo que más le preocupa a Victoria es que el nuevo Código Penal quiera sacar ese agravante. "Creo que este gobierno viene a quitarnos derechos. La violencia de género no ha bajado, ya hay más de 230 femicidios en el país. Si eliminan esta figura, muchos van a pedir que se revisen sus condenas, y eso sería devastador para nosotras", advirtió con la voz entrecortada.

Por otro lado, en un campo bien distinto, Familias del Dolor y la Esperanza, que agrupa a víctimas de siniestros viales, respalda la reforma con entusiasmo. Su presidente, Guillermo Chirino, dijo que era una deuda vieja que el Estado tuviera leyes más duras. "Es algo que venimos pidiendo hace décadas. Esta reforma va a permitir que los culpables tengan la pena que corresponde al daño causado. Para nosotros es de suma importancia", afirmó con voz firme.

Guillermo elogió los cambios que endurecen las penas por conducción imprudente y castigan más que nunca. "Nosotros ya no recuperamos a nuestros seres queridos, pero pensamos en las familias que vienen. Esta ley puede evitar que otros sufran el mismo dolor", sostuvo con esperanza.

El proyecto en cuestión propone penas de hasta 30 años para homicidios simples, castigos más duros para delitos contra menores y adultos mayores, y elimina beneficios para condenados por delitos graves. Pero cuando se hizo pública la posible eliminación del agravante por femicidio, las alarmas saltaron alto: la idea buscando "igualdad ante la ley" prendió la mecha entre organizaciones feministas y familiares de víctimas en todo el país.

Así, mientras algunas voces tratan de contener el dolor con nuevas penas duras, otras temen que el olvido y la desprotección vengan de la mano de esas mismas reformas. Dos miradas que, desde el dolor más profundo, pelean por un derecho que parece irse de las manos. El Congreso ya comenzó a debatir, y lo que se decida acá en San Juan y todo el país, marcará otro capítulo en esta historia que vinimos a contar.