Remiseros en alerta: el decreto dejó la ley a medio camino y favorece a las apps internacionales
Daniel Pérez, de Remis Oeste, carga contra la reforma de la Ley de Transporte que aprobó la Legislatura sanjuanina: denuncia que muchos aspectos quedaron para que decida el Ejecutivo y que la norma ignora a las agencias tradicionales, beneficiando a las plataformas digitales.
Después de que la Legislatura de San Juan diera luz verde a la reforma de la Ley de Transporte con 20 votos a favor y 16 en contra, el gerente de Remis Oeste, Daniel Pérez, no se guardó nada. En diálogo con Zonda Diario, mostró su preocupación por cómo quedó el proyecto, que propone cambios pero deja muchas decisiones importantes para un decreto del gobierno que viene, lo que a sus ojos es una jugada peligrosa.
"Peor escenario que el que tenemos no existe. Nuestro escenario es malísimo", confesó Pérez, aunque admitió que modernizar el sistema era necesario. Sin embargo, opinó que la ley está escrita pensando en las apps internacionales y pasó por alto a las bases y agencias tradicionales que hacen todo el laburo detrás.
Para el empresario, la ley beneficia a las llamadas "empresas de contactabilidad", un concepto que cuestiona: "Póngalo en el Código Civil a ver si existe. No existe", sentenció con énfasis, mostrando su desconfianza ante el amparo legal que tiene esa figura.
En la sesión legislativa, un diputado propuso crear una mesa de trabajo rodeada de actores del sector para definir con más participación la reglamentación, pero la idea fue rechazada. "Le dejan todo el poder al Ejecutivo para que tome las decisiones que quiera", denunció Pérez, que no se quedó callado sobre cómo se usan argumentos poco ajustados a la realidad para hablar de monopolios en su empresa.
"Nunca obligué a nadie a usar la empresa", aseguró, y aclaró que en su rubro opera la libre oferta y aceptación de viajes, con descuentos que se deben respetar solo si se acuerdan entre las partes, típico del comercio cotidiano.
Respecto al tema de las licencias y su alquiler, otro punto caliente, cuestionó los nuevos términos y criterios. "No hacía falta cambiar el nombre, bastaba con liberar el límite de licencias por habitante y seguir hablando de ‘licencia’", remarcó, señalando que la práctica de alquilar licencias tiene matices y antecedentes legales desde la Ley 814, aunque admitió que hubo casos que se salieron de la norma.
El empresario puso como espejo a la situación en Mendoza, donde las aplicaciones internacionales incumplieron sus compromisos, esquivando impuestos y explotando vacíos legales. "Nosotros tenemos que competir en igual condición, si el de afuera no paga, el de adentro tampoco", reclamó, haciendo hincapié en la necesidad de una competencia justa para no perder recursos a nivel provincial.
Sin ponerse en un rol de víctima personal, aclaró: "No es que me perjudica a mí. Perjudica al sistema nacional". Y aunque la pelea está dura, prometió que su empresa seguirá al pie del cañón brindando un servicio más seguro, confiable y económico que las apps. Además, criticó la modalidad de tarifas dinámicas usada por estas plataformas, que suben precios cuando llueve o aumenta la demanda, mientras que ellos se mantienen firmes con una postura comercial ética y transparente.